Luego de una reunión con autoridades y la sociedad activa de Alto Paraná, el fiscal general del Estado, Emilio Rolón se comprometió a crear unidades especializadas para atender denuncias de “apriete” y mejorar el servicio de justicia en el Este del país.
La reunión con el fiscal general del Estado, Emilio Rolón, se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, con la sociedad activa de Alto Paraná, entre ellos, el gobernador electo de Alto Paraná, Cesar Landy Torres, Edgar Cuevas, miembro de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y Nidia Silvero de Prieto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná.
En dicha jornada, el fiscal manifestó que conformará un equipo para atender las denuncias de “apriete”, en la capital del Alto Paraná, así como el mejoramiento del servicio judicial. Manifestó que él y su equipo no tienen miramientos positivos a los aprietes, a la gente recaudadora, aseguró que busca que las instituciones funcionen correctamente y que el Estado esté presente en Alto Paraná.
“En cada dimensión de hecho punible, la Fiscalía va a actuar. Aquí el mensaje es claro para todas las personas que no se ajusten a los términos de la ley, porque definitivamente el compromiso que tenemos es con el pueblo, con la sociedad. Alto Paraná, está compuesta por gente muy laboriosa, que requieren garantías. Entonces, no permitiremos actos de corrupción, de fiscales, de apriete, de recaudadores, etcétera”, manifestó, informó el corresponsal de Última Hora, Edgar Medina.
Asimismo, recalcó que su nombre no puede ser utilizado para realizar actos deshonestos o invocarlo por el simple hecho de tener una foto con él. Aseguró que las perspectivas de comportamiento la estable él mismo. Recalcó que en el Este del país existen grupos que distorsionan el normal funcionamiento del Estado y contra eso van a luchar.
“Yo creo que era una actitud casi cotidiana en Alto Paraná, que haya grupos de presión, de grupos, que de alguna forma distorsionan el normal funcionamiento del estado. Hoy tenemos el norte, Estado social de derecho que indica que aquello que infringe la ley tendrá una respuesta de la ley. Nosotros, por nuestra parte, no tenemos compromiso más que con la ciudadanía de llevar adelante la gestión de levantar este ente que estaba agonizante”, señaló.
Manifestó que este tipo de reuniones, con representantes de la sociedad en pleno, será una constante, por lo menos una vez al mes, estar presentes en cada circunscripción, ya que es una forma de ejercer la presentación social y conformar equipos para unir ideas y buscar resultados favorables para la ciudadanía.
“El Ministerio Público también es representante de la sociedad y tiene que conocer a sus actores. Estuvieron también los abogados, los gremios de abogados, todos. Porque es bueno empezar así la gestión con ideas claras y con pensamiento de buena fe. Nosotros queremos concluirnos la tarea en cinco años, yéndonos a la casa, con el deber cumplido”, indicó.
Inseguridad en las calles del Este
En cuanto a las innumerables denuncias de los comerciantes de Ciudad del Este, con respecto a la inseguridad reinante en la zona y los cotidianos aprietes de algunos representantes de la ley, señaló que no hablaron de una cuestión puntual, pero sí de la idea es crear una oficina del Ministerio Público de pronta atención, atendiendo la peculiaridad del visitante extranjero en nuestro país que necesitan realizar sus trámites con rapidez.
Por otro lado, inauguró la nueva unidad para tratar temas de trata de menores y vulnerabilidad y posteriormente se trabajará para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
“Hoy hicimos una inauguración ya al tema de trata de menores, que era una necesidad sentía por la sensibilidad de las personas vulnerable en estos temas. Hoy ya lo ponemos en práctica. Y también la unidad es primaria rápida, que permita recolectar los datos para una respuesta probable en lo penal. Nosotros necesitamos mejorar el servicio de justicia desde el ala ministerio público trabajando sobre el caso”, sentenció.
Auditorías internas
Por su parte, Nidia Silvero de Prieto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, solicitó una auditoría interna en cada unidad fiscal, carpeta por carpeta, para corregir irregularidades en causas judiciales y hacer los resultados accesibles para la ciudadanía.
Manifestó que hay preocupación sobre supuestos casos de contrabando y se cuestiona qué sucedió con los más de 10 mil casos ingresados en unidades fiscales entre 2018 y 2022. Asegura que el Colegio de Abogados busca demostrar al Fiscal General la importancia de una auditoría completa.
“Y, fundamentalmente, esa auditoría interna que se haga conformado por personas realmente especializadas, que debe tener la fiscalía, y que lo hagan unidad por unidad, carpetas por carpeta. Sé que va a ser una tarea, muy difícil, una tarea que va a llevar mucho tiempo, pero aun así, si en realidad queremos detectar las anormalidades, revisar esas terribles y regularidades, incluso que se dan en muchísimas causas, entonces, para eso necesitamos hacerlo de esa manera”, manifestó la abogada.
Asimismo, aseguró que una vez tengan los resultados de dichas auditorias, los resultados sean compartidos con la ciudadanía y que sea algo inmediato, especialmente en Ciudad del Este. Esperan, desde el Colegio de Abogados, que se esclarezcan los casos de supuesto contrabando que accedieron desde el 2018 al 2022, que hasta el momento no se tiene conocimiento como terminaron esos casos.
“No” a los controles
En tanto, Cesar Landy Torres, gobernador electo del Alto Paraná, durante la reunión con el fiscal general planteó suspender los controles policiales en las rutas internacionales para instalar controladores eléctricos, debido a la preocupación por la seguridad de la ciudadanía y las irregularidades en los puntos de ingreso al país, con respecto a los controles extorsivos.
“Hablamos del trabajo que podamos tener interinstitucional aquí en el Departamento de Alto Paraná. Ya quedamos en tener una reunión de trabajo con el fiscal adjunto designado por el fiscal general y hacer llegar nuestras preocupaciones, en el caso particular mío, los controles extorsivos y no vamos a permitir eso”, manifestó.
Aseguró que muchas veces la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, supuestamente están ahuyentando a la gente y provocando que no visiten el Este del país. Por tal motivo, solicitará una vez asuma el cargo la suspensión de los controles que respecta a la Patrulla Caminera hasta el próximo 30 de diciembre.
“Yo voy a ser implacable como gobernador de Alto Paraná, no vamos a permitir eso, el actual presidente electo ya se comprometió conmigo de que hasta el 30 de diciembre se va a suspender todos los controles que respecta a la patrulla caminera y vamos a trabajar para instalarlas lomadas electrónicas aquí, que sea el primer departamento que pueda contar con ese sistema de lo más electrónica en las rutas internacionales”, señaló.
Por otro lado, manifestó que un inmueble en Santa Rita será donado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que tengan un local propio, una vez sea aprobado por el Congreso Nacional.
La gestión la había realizado el nuevo gobernador electo en la época que fue intendente. Señaló que en el predio estará una a lado de la otra las oficinas del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Aproximadamente, cada uno tiene dos mil doscientos metros cuadrados. La misma dimensión es ambas ambos terrenos. Estarán uno alado de la otra”, sentenció.
Protocolo anticontrabando
Para finalizar, Edgar Cuevas, miembro de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) solicitó que se implemente un protocolo de procedimiento en temas relacionados con el contrabando. Enfatizo en la necesidad de igualdad ante la ley y en la importancia del protocolo de investigación para combatir la corrupción, aunque existen zonas liberadas en el país.
Señaló que se empezará trabajar en la aplicación del protocolo y se espera que la voluntad política del fiscal general se cumpla. Cree que la lucha contra la corrupción está mejorando y se esperan resultados positivos.
“La necesidad es que podamos dar una cobertura de gala a todos, que todos seamos iguales ante la ley, que no haya zonas liberadas, como existen hoy en el Este, y en toda la República, esas zonas liberadas con el término, es una cuestión social, por una cuestión social no podemos entrar en los Mercados de Abasto, de Asunción, de Ciudad del Este, de Villa Rica, de Oviedo, que eso no sea una excusa para que nos igualemos todos ante la ley, que la impunidad no sea el argumentado, o sea, que la impunidad no se sustente en argumento de una cuestión social”, manifestó.
Manifestó que el protocolo de investigación es el instrumento por el cual la fiscalía va a investigar y ejecutar con el alcance correspondiente los posibles hechos de contrabando. Aseguró que el trabajo de lucha contra el contrabando por parte de la Fiscalía va a dar resultados positivos.
“Hoy creemos que están reorganizándose, creemos que están reorganizándose de una buena manera, y entendemos que van a venir los resultados posteriormente”, sentenció.
ultimahora.com
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