La máxima corte revisa dos recursos contra fragmentos del Marco Civil de Internet, en medio de la polémica generada por el ‘proyecto de ley de las noticias falsas’.
El ‘proyecto de ley de las noticias falsas’ está estancado en el Congreso de Brasil, pero el controvertido tema de los derechos y deberes de las plataformas como Facebook, Twitter, Telegram o Whatsapp sobre la información que circula por ellas sigue bajo los focos.
Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) debe empezar a juzgar varios recursos, dos de los cuales fueron interpuestos contra fragmentos del Marco Civil de Internet, una suerte de constitución para el uso de las redes sociales en Brasil, aprobado en 2014 durante la presidencia de la izquierdista Dilma Rousseff.
¿Un ‘lejano oeste’ digital?
Este juicio tiene como trasfondo el choque de visiones sobre la libertad de expresión y el derecho a la información entre el oficialismo, partidario de regular las redes para que Brasil no se convierta en un ‘lejano oeste’ digital, y la oposición bolsonarista, que tiene una concepción ilimitada del derecho a expresarse en cualquier plataforma.
Y se da en un contexto de efervescencia en el combate de las autoridades a la desinformación, la propagación del discurso del odio y el abuso de poder de las ‘big techs’.
Las plataformas de mensajería quedaron todavía más en la mira de las autoridades después de los ataques del 8 de enero en Brasilia, pues los bolsonaristas radicales coordinaron sus acciones durante días a través de ellas, con consignas abiertamente golpistas.
Hace días, Telegram fue obligada por el STF a retractarse de su campaña contra el ‘proyecto de ley de las noticias falsas’ y a decir que sus comentarios eran “flagrante e ilícita desinformación”, para evitar una nueva suspensión en Brasil. Por ese mismo motivo Google tuvo que marcar como propaganda unos comentarios negativos que hizo en su página en Brasil contra el texto.
A finales de abril, Telegram, que ya ha sido objeto de varias medidas judiciales por no colaborar con las autoridades, fue suspendida durante unos días después de que se negara a facilitar datos sobre grupos neonazis que supuestamente usan la aplicación con fines delictivos.
¿Qué se juzga?
Uno de los recursos fue interpuesto por Facebook (red social perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista) y cuestiona la legalidad del artículo que establece las circunstancias en que las plataformas pueden ser responsabilizadas civilmente por contenido publicado por terceros. El caso tiene su origen en la denuncia que hizo una ama de casa a la compañía, tras descubrir que alguien había creado un perfil falso con su nombre y lo usaba para ofender a familiares y amigos de ella.
Otro fue interpuesto por Google, que cuestiona la obligación de los proveedores de fiscalizar los contenidos y de suspender páginas o borrar informaciones consideradas ofensivas, sin que haya decisión judicial. La compañía fue condenada a hace años a indemnizar a una profesora que la demandó después de que alumnos suyos crearan una comunidad para vejarla, “Odio a Aliandra”, en la ya extinta red social Orkut.
Los otros dos casos, promovidos por los partidos PR y Cidadania, cuestionan la obligación de las plataformas de ofrecer los datos de usuarios y comunicaciones privadas, a partir de decisiones judiciales. La no colaboración en ese sentido ha llevado a varios a jueces a ordenar la suspensión de las plataformas.
¿Qué impacto puede tener en el proyecto de ley?
El juicio de este miércoles toca uno de los temas fundamentales del ‘PL (proyecto de ley) de las noticias falsas’, que también busca responsabilizar a las plataformas por los contenidos.
El PL, en trámite desde hace tres años, está parado por falta de consenso para su aprobación de los diputados. Lo que se decida en la Corte podría, de alguna manera, propiciar su reactivación en el legislativo.
El texto tiene una dimensión mayor, ya que además de los derechos y deberes en cuanto a la moderación de contenidos de las plataformas, también aborda asuntos como los derechos de autor y la remuneración por el uso de contenidos periodísticos.
actualidad.rt.com
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