La Asamblea Nacional ecuatoriana ha sido disuelta respetando lo que señala la Constitución del país mientras que el expresidente peruano intentó dar un golpe de Estado sin respetar la Carta Magna local.
En menos de seis meses, América Latina ha sido testigo de dos cierres del Congreso, aunque se trata de dos procesos con marcadas diferencias. Mientras que el presidente de Ecuador Guillermo Lasso sigue en el poder tras la medida, el expresidente peruano Pedro Castillo fue detenido por las autoridades a pocas horas de dar el Mensaje a la Nación con la que anunció la disolución del Parlamento y el inicio de un gobierno de excepción.
El presidente Lasso apeló al artículo 148 de la Constitución de Ecuador que faculta al mandatario a disolver la Asamblea Nacional en caso esta “se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente (…) o si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”. Se lo conoce como “muerte cruzada” y tiene la misma potestad el congreso. Si bien Castillo denunció obstrucción desde el Congreso, la Constitución Política del Perú no estipulaba esta como causal de disolución.
En el caso peruano, la Carta Magna señala que hace falta que el Congreso haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Solo en dicho escenario el presidente está facultado para disolver el Parlamento y convocar de manera inmediata a elecciones para que un nuevo grupo de legisladores complete el mandato por el que fueron elegidos sus predecesores. Los comicios deberán celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a reestablecer el Estado de derecho y la democracia”, fueron las palabras de Pedro Castillo durante su mensaje televisado. Dado que no se negó la confianza a ninguno de sus Consejos de Ministros, se ha calificado de inconstitucional la decisión del expresidente hoy encarcelado.
Respaldo de las Fuerzas Armadas
Consumado el quiebre constitucional de Castillo, la ciudadanía peruana estuvo a la espera de la reacción de las fuerzas del orden. Su postura definiría si el llamado golpe de Estado se consumaría o si se procedería con la sucesión presidencial. Finalmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo respetar lo señalado por la Constitución y mostraron su respaldo al gobierno de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
Durante su juramentación -el último 7 de diciembre del 2022- representantes de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en el hemiciclo del Congreso. Boluarte calificó a esta institución como fundamental para la democracia y los felicitó por su actuar en las horas previas. “Los policías y los militares son, como lo dicen nuestras constituciones fundacionales, los ciudadanos con el uniforme de la patria”, dijo.
Desde Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comunicaron que “mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho”. Es así que respaldaron la posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso y de este último de aplicar la llamada “muerte cruzada”.
Al cierre de esta nota, el presidente Lasso sigue a cargo de la presidencia de Ecuador y se mantendrá en el cargo hasta que la ciudadanía vote por un nuevo mandatario y miembros de la Asamblea Nacional. En Perú, el expresidente Castillo está recluido en el penal de Barbadillo junto a los expresidente Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, figura a quien criticó en campaña y que también dio un golpe de Estado en abril de 1992.
Por Carlos Oré Arroyo – INFOBAE
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