Ese día caducará la medida cautelar que habilitó el funcionamiento provisorio de dos turbinas de la Central Matheu III, cuestionada por el impacto ambiental. Hasta hoy no se han presentado planes alternativos ni pedidos de prórroga de la actividad
Los vecinos de Pilar cuentan los días que faltan para el 30 de junio. Esperan esa fecha para que la termoeléctrica que funciona en Matheu apague sus turbinas y abandone la zona. El final del mes próximo es clave, ya que no solo es el último día que le dio una medida cautelar para tener sus turbinas en marcha, sino que circulan versiones de que la empresa generadora busca nuevas locaciones para ubicarla.
En enero, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, habilitó el funcionamiento provisorio de dos turbinas de la “Central Matheu III”, ubicada en la localidad de Villa Rosa del partido de Pilar, debido a la crisis energética. Sin embargo, ese fallo tiene medida de caducidad y es precisamente a fines del mes próximo.
La empresa operadora de esta central es Araucaria -ahora denominada SCC Power-, que no quiso confirmar ni desmentir la información sobre la mudanza de Pilar. Pero Infobae pudo saber que hasta hoy no se han presentado planes alternativos ni pedidos de prórroga de la actividad al municipio ni a la Justicia, que puedan modificar la situación por la cual no podían funcionar.
Pero la historia es más larga. Comenzó en 2016 cuando el Estado nacional decidió instalar en una zona rodeada de barrios y escuelas, entre Escobar y Pilar, dos centrales termoeléctricas debido a la crisis energética. Desde el anuncio, un grupo de vecinos se resistió a la iniciativa y cuando se pusieron en funcionamiento interpusieron una medida cautelar por los altos niveles de ruido y contaminación que sufrían en su vida diaria.
Raúl Regis, presidente de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, indicó: “Esta pelea empezó hace muchos años y ahora todas las informaciones que tenemos indican que finalmente las centrales se mudarán. Es una buena noticia que la empresa no quiera dar información, ya que si se quedaran, lo desmentirían directamente”.
La batalla judicial llegó incluso a la Corte, que le dio la razón a los vecinos y obligó a una de las empresas a abandonar la zona.
Matheu II y Matheu III eran dos de las usinas de las 20 centrales térmicas que el Ministerio de Energía licitó y adjudicó en distintas ciudades del país y que sumaban 2.800 MW de generación eléctrica a todo el sistema interconectado. Entre las dos, iban a generar una potencia de 500 MW. Estaban catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.
A pesar de que hoy solo funcionan dos turbinas, los vecinos siguen afectados por el nivel de ruido de las operaciones. “Las mediciones les siguen dando mal. Porque esto ya empezó mal. No es posible que se quisieran instalar en una zona rodeada de población”, sostiene Regis, quien recuerda el trabajo de todo el proceso que hizo junto a los vecinos Gustavo Madeira, uno de sus compañeros en la ONG que falleció exactamente hace dos años.
Los ruidos y la contaminación en el aire, así como el rechazo que generó la puesta en marcha de las centrales obedece, en buena parte, a la cercanía con los predios poblados. “Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros, a Los Pilares unos 400 m, a Campo Chico unos 750 m, a Campo Grande unos 950 m, a Pradera unos 1.000 m, al Barrio Saint Matthew´s unos 1.680 metros y al Colegio Saint Matthew´s 2.230 metros. En el radio de 1.500-2.500 metros se ubica el country Lagartos, y en el radio de 2.500 a 4.000 metros quedan aún más urbanizaciones incluyendo La Lomada, Ayres, Highland y Farm Club”, explican los vecinos en una de las presentaciones que se hicieron ante la justicia.
Ya en el primer fallo dictado por Charvay en 2017 y ratificado en 2021 por la Cámara Federal de San Martín, el magistrado dio por acreditado los potenciales efectos nocivos para la salud y el ambiente que podrían generar las termoeléctricas. El juez también tuvo presentes los cinco millones de litros diarios tomados del acuífero Puelche que requeriría el funcionamiento. En ese marco, señaló el riesgo que implica para el agua potable, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la población de Pilar y Escobar se abastece a través de perforaciones.
“Nos cuesta dormir porque el ruido y las vibraciones no cesan. Padecemos de momentos de ansiedad, angustia extrema que aumenta cada vez que un funcionario nos da la espalda y no ofrece una solución efectiva a este gravísimo problema, hoy conocido y sufrido por todos. Terminamos nuestros días aturdidos, con los oídos con zumbidos y con dolores de cabeza gracias a los fuertes ruidos dentro de nuestros hogares por causa de estas termoeléctricas que funcionan con total irregularidad. Nuestros hogares se convirtieron en nuestras cárceles”, expresaron los vecinos en una de las cartas que buscaba adhesiones en la plataforma Change.org y cuyas firmas se multiplicaron.
“Elegimos vivir alejados del ruido. Elegimos una zona abierta en la naturaleza donde criar a nuestros hijos, donde un día normal el ruido era no más de 35.5 decibeles. Hoy nuestra vida es otra. Nuestra vida se convirtió en un infierno. Algunos decidieron dejar sus casas e ir a vivir con familiares”, agregaron en ese mismo petitorio.
A pesar de la puesta en marcha, los vecinos denunciaban que el ruido generado por las compañías no solo afecta el horario diurno, sino que estas también prenden las turbinas en horas de la noche y llegan a superar los 107 dB (decibeles) durante algunos segundos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el oído humano puede tolerar 55 dB sin ningún daño a su salud y en horarios de descanso el umbral no debería superar los 40 dB. Dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 dB ya pueden provocar malestares físicos y en 102 dB se acerca al umbral del dolor.
Hoy los vecinos celebran. Están seguros de que su padecimiento está por llegar a su fin. Que las centrales termoeléctricas que no los dejaban conciliar un sueño quedarán desmanteladas para el 30 de junio.
infobae.com
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