WASHINGTON – En el día de hoy, tras recibir y analizar más de 50.000 comentarios públicos en respuesta a un Aviso de Normativa Propuesta (Notice of Proposed Rulemaking) que se emitió previamente este año, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y el Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) terminaron de definir una nueva norma que generará mayores incentivos para que las personas usen vías lícitas, seguras y ordenadas para ingresar en Estados Unidos. 

 La norma complementa esfuerzos que combinan las vías lícitas con consecuencias para quienes no usen esas vías, y establece ciertas condiciones limitantes a la elegibilidad para el asilo a quienes no recurran a tales vías. Esta norma entrará en vigor una vez que concluya la vigencia de la Orden de salud pública conforme al Título 42, el día jueves a las 11:59 p.m. hora del Este.  

“Esta Administración ha liderado la mayor expansión en varias décadas de las vías lícitas para la protección, y esta reglamentación alentará a los migrantes a procurar acceder a tales vías en vez de llegar ilegalmente y a merced de contrabandistas en la frontera sur”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. “A su vez, seguimos exhortando al Congreso a que actúe con respecto a la propuesta de reforma inmigratoria que planteó el presidente Biden, la legislación bipartidista para proteger a los Dreamers y a los trabajadores agrícolas, y los pedidos reiterados de mayores recursos para contratar a más funcionarios de asilo y jueces inmigratorios a fin de que podamos componer de una vez por todas nuestro sistema inmigratorio, que desde hace tiempo se encuentra desvirtuado”.  

La norma presupone que quienes no usen las vías lícitas para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que Estados Unidos expulse a personas que no establezcan un temor razonable de sufrir persecución o tortura en el país al cual sean expulsadas. Los ciudadanos extranjeros pueden refutar esta presunción únicamente sobre la base de circunstancias excepcionalmente apremiantes.  

La presunción no se aplicará a ciudadanos extranjeros, o familiares que viajen con ellos, si recibieron una autorización pertinente para viajar a Estados Unidos con el fin de obtener un permiso humanitario (parole); se presentaron en un puerto de ingreso en un momento y lugar programados con anticipación a través de la aplicación CBP One; establecieron que no fue posible acceder o usar la aplicación CBP One debido a circunstancias específicas y atenuantes, falla técnica significativa u otra excepción aplicable; o pidieron asilo u otra protección en al menos otro país y les fue negado. Las personas también podrán refutar la presunción demostrando circunstancias excepcionalmente apremiantes. Los menores de edad no acompañados están exentos de esta presunción.  

La semana pasada, el Gobierno de México anunció que seguirá aceptando los retornos, por motivos humanitarios, de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean procesados conforme a las facultades del Título 8 en la frontera de EE. UU. Las personas deportadas conforme al Título 8 quedan alcanzadas por una prohibición de admisión durante cinco años y la posibilidad de persecución penal si intentan volver a ingresar ilegalmente. 

En enero, el DHS anunció nuevas medidas de cumplimiento en la frontera orientadas a mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y generar procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan venir en forma lícita a Estados Unidos. Esto incluyó un nuevo proceso de permisos humanitarios (parole) para personas cubanas, haitianas y nicaragüenses, la programación de citas para presentarse en un puerto de ingreso a través de la aplicación CBP One y esfuerzos para incrementar el personal y otros recursos asignados a la frontera sudoeste 

El DHS se ha estado preparando para la finalización de la Orden de salud pública conforme al Título 42 durante casi dos años. En febrero de 2022, el DHS estableció formalmente el Centro de Coordinación de la Frontera Sur (Southwest Border Coordination Center), que lidera la planificación y la coordinación de una repuesta, en la que intervienen todas las áreas del gobierno, al aumento de interceptaciones en la frontera que se prevé que ocurrirá. En abril de 2022, el secretario Mayorkas emitió el Plan de Seguridad y Preparación en la Frontera Sudoeste del DHS (DHS Plan for Southwest Border Security and Preparedness), que expone un programa de seis pilares para gestionar el aumento en la cantidad de interceptaciones una vez que ya no esté vigente la Orden de salud pública del Título 42. El DHS actualizó el plan en diciembre pasado y la semana pasada divulgó datos adicionales sobre los preparativos.