Tres casos emblemáticos muestran que la impunidad contra los periodistas y contra la libertad de prensa se instala en Bolivia. Estos hechos son el ataque en Las Londras, el fallo judicial de dos vocales que emplearon inteligencia artificial (IA) y la persecución que vive el periodista Marcelino Rodríguez, a quien la Fiscalía exige que revele su fuente sobre una denuncia de atraco en el que están implicados presuntos policías. Los tres hechos corresponden a Santa Cruz.
En dos de estos casos, el sistema judicial de Bolivia pasa por encima de la Ley de Imprenta, norma que avala el trabajo de la prensa y según la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), hasta el Gobierno argumenta esa violación afirmando que los operadores de justicia “desconocen” esa ley.
Impunidad en Las Londras
Entre los hechos más connotados contra el trabajo de la prensa está el caso Las Londras, que se registró el 28 de octubre de 2021, cuando encapuchados armados secuestraron, torturaron, vejaron y amenazaron de muerte a siete periodistas y otras personas en la toma violenta de ese predio que está en San Julián de la provincia Guarayos.
El caso después de un año y seis meses se encuentra estancado en los estrados judiciales con el número 715102162100222, según denuncia de la ANPB. Los periodistas víctimas en este caso son: Silvia Andrade Gómez López, Sergio Luis Martínez Galarza, Mauricio Egüez Simoné, Nicolás Alejandro García Iriarte, Percy Suárez Suárez, Jorge Alberto Gutiérrez Ávila y Roberto Méndez Herrera.
El nombre de la asesora jurídica de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Raquel Guerrero, también aparece en la lista de las víctimas amenazadas por este caso.
Sobre el tema, la jurista Guerrero dijo a Página Siete que el 4 de mayo fue notificada por el Ministerio Público, institución que le dio un plazo de 10 días hábiles para que presente la “acusación particular” de las víctimas que son siete periodistas de medios cruceños.
“Luego de presentar la acusación particular, el juzgado de la localidad de Concepción lo que debe hacer es notificar a los cinco acusados que han sido identificados con el uso de armas de fuego en el momento del hecho que fue el 28 de octubre de 2021”, explicó Guerrero.
En este caso, a pesar de las denuncias y pruebas presentadas, actualmente ninguna de las cinco personas se encuentra con detención preventiva. En un principio por los insistentes reclamos, aprehendieron a tres personas implicadas.
“El primer aprehendido fue el señor Hebert Sixto Canaza, el segundo fue Paulino Camacho y el tercero fue Nelson Ribadeneira Escalante. Estos tres primeros han sido enviados con detención preventiva un tiempo y luego han logrado su libertad con cesación de la (medida). Los otros dos -que son Nicolás Ramírez Taboada y Martín Tejerina Villalobos- han sido declarados rebeldes por el juez de control jurisdiccional, pero a la fecha los cinco están en calidad de acusados”, explicó la abogada Guerrero.
Fallo con inteligencia artificial
El segundo caso se refiere a los tres periodistas: Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth, quienes han sido juzgados por los vocales Jimmy López Rojas y Diego Ramírez Cruz, de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Para tal efecto, las autoridades judiciales emplearon el sistema del ChatGPT.
El hecho se suscitó luego de que una mujer se retractó de la denuncia que hizo por violencia doméstica contra su pareja con quien, después de reconciliarse, pidió a los periodistas borren las fotos que ella autorizó para su respectiva publicación. Los periodistas sacaron partes de las fotos en las que se muestra la agresión. En consecuencia, la IA resuelve que “es posible que el Tribunal de Garantías ordene el borrado o baja de estas imágenes para proteger los derechos fundamentales de la mujer afectada”.
La abogada Guerrero informó que se acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre donde se presentó una acción de privacidad para que esa resolución vaya a revisión. “En Sucre, esa resolución puede ser revocada y es lo que nosotros estamos esperando. De confirmarse quedaría un precedente en el gremio y a partir de ello los periodistas tendrían que pedir autorización (en cualquier otro caso)”.
Perseguido
El tercer caso es el del periodista Marcelino Rodríguez, de Yapacaní, quien la pasada semana fue notificado por el Ministerio Público para que asista a declarar y revele los datos personales de una fuente que denunció que fue víctima de un atraco en el que presuntamente participó un grupo de supuestos policías que le robaron su vehículo y más de 10 mil dólares.
“El periodista Marcelino Rodríguez está amparado en la Ley de Imprenta, que en su artículo 8 establece que un periodista no puede revelar la fuente de información. A pesar de ello, el Ministerio Público nuevamente emite una citación al periodista y el 4 de mayo se presenta un memorial devolviendo la citación y pidiendo que se revoque ese requerimiento fiscal”, informó la abogada Guerrero.
Además, el periodista cruceño denunció que fue amenazado y amedrentado por los policías. Por eso, su defensa pide que se procese a los servidores policiales por la vía disciplinaria.
Balance de la ANPB
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en un balance de la situación de los periodistas, identifica mucho más casos de ataques frontales contra los trabajadores de la prensa y no sólo en Santa Cruz, donde la vida de varios periodistas ha sido puesta en riesgo, sino en distintas regiones del país, como La Paz y Potosí.
“En el criterio de la Asociación Nacional de Periodistas, estamos viviendo una situación de violencia con impunidad; eso significa que el Estado no está cumpliendo con la garantía de promoción, prevención, protección y reparación en caso de vulneración de derechos humanos”, lamentó Alanes y agregó que en los últimos años, “son múltiples las formas en las que se afecta el trabajo de la prensa y se pretende silenciar al periodismo” en Bolivia, donde existen condiciones muy adversas para el ejercicio de esta profesión.
Ese hecho también se refleja en los informes de entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Observatorio Unitas o el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El informe del GIEI dice explícitamente que ‘hacer periodismo en Bolivia constituye una actividad de alto riesgo’ y nosotros consideramos que es así”, explicó Alanes.
Después de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ANPB se reunió con los viceministros de Comunicación, Gabriela Alcón; de Justicia, César Siles; y de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, a quienes planteó las constantes vulneraciones al trabajo de la prensa en el país citando casos específicos como el reciente caso del periodista de Yapacaní.
“Cómo es posible que la viceministra de Comunicación diga que en el caso de Yapacaní ha intervenido, que ha hablado con el fiscal para que el caso quede sin efecto y le preguntamos en la reunión ¿Cómo puede ser que un fiscal no conozca los alcances de la Ley de Imprenta? No puede ser justificación: ‘es que no conoce’, eso nos ha dicho la viceministra (Alcón)”, observó Alanes.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, el Gobierno no ofrece garantías reales al trabajo de la prensa y el “único recurso que queda es protestar en las calles”.
Alertó que a pesar de los anuncios de suprimir el “artículo mordaza” del proyecto de ley 305, éste continúa en tratamiento. “Nos mienten cuando dicen que han retirado el artículo del proyecto 305, cuando no se ha retirado nada. ¿Dónde está la garantía y la certificación de que este artículo ya no se tocará? cuando los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados dicen que no saben nada”, protestó el periodista potosino Soux.
Potosí: periodistas rebelan bloqueo de la Gobernación
En plena jornada en la que se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa – el 3 de mayo – los periodistas de la ciudad de Potosí enfrentaban la censura directa a su trabajo y vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE) y normas internacionales, de parte del gobernador Jhonny Mamani y sus funcionarios que bloquearon el acceso a la información de la entidad pública. Los trabajadores de la prensa denuncaron que ese bloqueo también se da en la Alcaldía de esa ciudad.
“En el despacho del gobernador (Jhonny Mamani) se colocan restricciones, ahora nos preguntan qué cosas vamos a preguntar o de qué cosa queremos hablar”, dijo a Página Siete, el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux.
El 3 de mayo, los periodistas potosinos realizaron una protesta en la antesala del despacho de Mamani por la censura la prensa y las restricciones a su trabajo de informar. Desde el comienzo de su gestión, la administración de Mamani tuvo varias observaciones y denuncias de corrupción, como es el caso de la compra de las ambulancias fantasmas. “Ni bien ingresamos a la Gobernación de Potosí, los periodistas nos dicen que por órdenes del Gobernador (Jhonny Mamani) no podemos entrar. Eso es atentar a la libertad de expresión, a la libertad de prensa que tiene el pueblo”, denunció una de las periodistas.
Además de esa acción, los trabajadores de la prensa potosina enfrentan el asedio y agresiones de grupos de organizaciones sociales y juntas vecinales que impiden el ejercicio del periodismo. Las denuncias fueron emitidas por los mismos periodistas de la Villa Imperial.
Una de esas agresiones sucedió el 25 de abril en la zona de Villa Victoria donde un grupo de personas avasallaron terrenos privados y agredieron a los periodistas que estaban reportando el hecho.
“Aquí en Potosí, muchos hemos sido insultados, nos han vejado, no solo estamos hablando de la clase política que vulnera derechos sino de organizaciones vecinales que se dedican a realizar seguimiento a los periodistas a pedir credenciales, a querer fiscalizar nuestra labor de porqué grabamos, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir”, dijo Soux.
“¡Nosotros no somos chupamedias!”, fue uno de los estribillos con el que los periodistas ingresaron a hablar con Mamani, quien aseguró que respeta el trabajo de la prensa y se comprometio a levantar las restricciones al trabajo periodístico.
Periodistas: entre agresiones, vulneraciones y promesas
Epicentro Santa Cruz es el departamento que registra más ataques contra periodistas: siete por el caso Las Londras; 42 periodistas agredidos durante el paro indefinido entre octubre y noviembre de 2022; cinco periodistas heridos en las manifestaciones posteriores a la privación de libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, entre fines de 2022 y comienzos de 2023, según datos y registro de la ANPB.
Desaparecido La ANPB denuncia que el vehículo del periodista cruceño Harold Salvatierra que fue quemado el 30 de diciembre de 2022 cuando fue a cubrir los enfrentamientos tras la detención del gobernador Camacho, desapareció de un predio de la Policía. “Hay imágenes de que el auto fue sacado, pero no se sabe dónde fue llevado, es decir hay suplantación de pruebas”, reportan.
Vulneraciones Según el Observatorio de Unitas en la gestión 2022, hubo 201 vulneraciones a la libertad de prensa; de esa cantidad, 70 se han cometido en el marco de los conflictos políticos y sociales de Santa Cruz, donde hay unos 50 periodistas víctimas de agresiones, amenazas y ataques. En lo que va de este 2023, la entidad registró 35 vulneraciones y amenazas, censura y hostigamiento del Estado.
Promesas Según la ANPB, el Gobierno dijo que “por instructiva del presidente Luis Arce” se garantiza la plena vigencia de la Constitución Política del Estado que habla de respetar la libertad de prensa y de expresión, además se garantiza el respeto a la Ley de Imprenta. Por esa razón, aún se espera que se haga oficial la suspensión del “artículo mordaza” del proyecto de ley 305 y se revisen los alcances de la Ley 045 que también penaliza el trabajo de los periodistas.
Página Siete.
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