Las familias de personas de la comunidad LGBTIQ+ contratan centros de rehabilitación que ofrecen prácticas ilegales para “deshomosexualizar”. Estos métodos prohibidos por la ley incluyen maltrato psicológico, retención forzada e incluso violaciones.
Matías*, de 27 años, se preparaba para mudarse de la casa de sus padres cuando fue sorprendido por unas personas que lo secuestraron y lo llevaron a un centro de rehabilitación de adicciones aunque él no tiene ninguna. En ese lugar le dijeron que la raíz de “todos sus males” es su orientación sexual. Matías es homosexual.
La mejor amiga de Matías, al no saber sobre él, encendió las alertas de que algo estaba mal, pues al interpelar a los padres del joven sobre su paradero sólo le dijeron que “él no está desaparecido, que él se encuentra muy bien”. Pero no era así, Matías había sido trasladado a una clínica de deshomosexualización, como se conoce popularmente a esos lugares de tortura que ofrecen una “cura” a la homosexualidad a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, desde 1990, ha sido enfática en que las personas de la diversidad sexo-genérica no están enfermas
Con estos antecedentes, la amiga de Matías se contactó con la Fundación Diálogo Diverso, una organización de la sociedad civil que brinda asistencia psicológica, legal y social a las personas de la comunidad LGBTIQ+ y a su red de apoyo. Fue a través de la organización que se presentó la denuncia de la desaparición de Matías y las autoridades lo localizaron y lo rescataron luego de una semana.
Ahora la Fiscalía mantiene un proceso judicial por el caso de Matías. El activista y director de Diálogo Diverso, Danilo Manzano, contó a Infobae que el centro donde Matías fue encerrado se ha justificado en que tenían una autorización firmada por los padres del joven para llevárselo. Dicha autorización no tienen ningún valor legal, pues Matías es mayor de edad y no está bajo la tutela de nadie.
El secuestro de Matías, a petición de sus propios padres, ha indignado a varios sectores de la sociedad, que han cuestionado la ineficiencia gubernamental para detectar estos lugares de tortura que están prohibidos en Ecuador desde el 2012. Pero este caso no es el único ni el más fatal.
Una prohibición en papel
Hace once años, el Ecuador reconoció por primera vez que en el país funcionan clínicas de deshomosexualización. Esto, pese a que en el 2009, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) ya alertó que, desde hace al menos una década, operaban centros que impartían terapias de conversión que buscaban cambiar la identidad de género de quienes ingresaban a esos lugares.
En junio del 2012, la entonces ministra de Salud, Carolina Vance, expidió un acuerdo para regular a los centros de tratamiento para personas con adicciones. Ese acuerdo ministerial prohibió a estos lugares: “Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como finalidad la afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como deshomosexualización), la libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o cualquier otro tipo de prácticas que ratifican o propugnan violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes”.
Este instrumento administrativo suscrito por Vance fue el antecedente para que en las reformas del Código Penal ecuatoriano del 2014 se incluya que, quienes torturen a una persona física o psíquicamente “con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual” tendrán una pena de entre 10 y 13 años de cárcel.
Según registros oficiales, hasta el 2013 se registraron 268 centros que ofrecían “terapias de conversión”. En el 2020, uno de estos lugares, que funcionaba clandestinamente, fue clausurado. Pero estas prácticas todavía ocurren, incluso en centros avalados por el Ministerio de Salud, como el lugar al que llevaron a Matías.
Manzano explicó que en estos centros de tortura las mujeres lesbianas o transexuales son víctimas de violaciones de “carácter correctivo”. En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya advirtió sobre las torturas a las que son sometidas las personas en estas “clínicas” pues registraron que en Ecuador, “las mujeres lesbianas eran encadenadas, golpeadas, sometidas a alimentación forzada o privadas de alimentos, obligadas a desnudarse, recluidas en régimen de aislamiento e incomunicación, inmovilizadas durante días y violadas”.
A otras personas les suministran fármacos de manera indiscriminada y violenta “con el objetivo de tenerlos lentos, adormecidos y débiles para que no puedan identificar alguna vía de escape”. A otros los someten a sesiones con psicólogos que tratan de hacerles sentir culpables por tener una identificación distinta a la heterosexual cisgénero.
Aunque según la ONU las terapias de aversión han experimentado un fuerte descenso desde finales de la década de los 70, todavía el electrochoque se ocupa en ciertos países como Ecuador, Australia, China, los Estados Unidos, Rusia, India, Indonesia, Irán, Líbano, Malasia, Panamá, Sri Lanka, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe. Estas terapias someten a la persona a una sensación negativa, dolorosa o angustiosa al tiempo que se la expone a un determinado estímulo para que lo asocie con una sensación negativa.
También, en el 2020, la ONU reveló que las “terapias de conversión” se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes y que son “muy frecuentes” en África y “bastante frecuentes” en América Latina y el Caribe y en Asia.
Solo en abril de 2023, Diálogo Diverso conoció dos casos: el de Matías y el de otra víctima, de 31 años, que fueron encerrados en estas supuestas clínicas por pedido de sus familiares.
Casos desconocidos e impunidad judicial
Michelle tenía 19 años cuando un día su padre, militar y muy religioso, le dijo que la llevaría a la universidad. La joven observó que su papá se desvió del camino habitual y la llevó a Carapungo, en el norte de Quito. Llegaron a un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos y el padre le dijo a Michelle que saliera del auto y la dejó en ese lugar.
Cuando su padre la encerró en ese centro, Michelle estaba confundida: había sido una estudiante destacada, no consumía drogas ni alcohol: ¿por qué su papá la dejó en ese lugar? La respuesta era simple: su familia se había enterado de que a Michelle le gustaban los hombres y también las mujeres, así que buscaban “corregirla”.
Según Michelle relató a Infobae, su familia era muy religiosa y pertenecían a una iglesia cristiana evangélica. Cuando sus padres descubrieron su bisexualidad pidieron ayuda a la congregación para que les dijeran cómo reaccionar. En la iglesia les sugirieron que la encerrarán en ese centro.
Que las personas conozcan sobre estos centros por recomendación de las iglesias evangélicas es común, según explicó Manzano: “(estas clínicas) trabajan de manera articulada con diferentes iglesias, principalmente las evangélicas, o con profesores de los sistemas educativos, que llegan a conocer sobre la homosexualidad de un estudiante y le recomiendan a los papás y a las mamás un lugar donde aseguran que la gente puede “curarse””.
Durante sus meses en el centro, Michelle sólo pensaba en que ojalá su familia la saque del ese encierro. En ese lugar, la joven fue acosada por otros internos e internas. Incluso, cuando salió, el psicólogo que la trataba la buscaba para invitarla a “citas”.
En ese lugar, cada noche los internos eran encerrados en sus cuartos. Michelle contó que incluso tenían esposas para evitar que se escaparan. Mientras ella sufría en ese lugar, su familia decía a sus amigos que “Michelle está con Dios”, por lo que muchos creían que la joven había fallecido.
La joven pensó en escapar, pero no lo hizo porque no tenía a quién recurrir: “No todos tenemos apoyo porque no contamos con nadie más que la familia, que son los mismos que te violentan”. Así que se quedó en esa clínica de rehabilitación hasta que un día su familia volvió por ella. Michelle decidió terminar la universidad y trabajar enseguida, para lograr independizarse y poder ser libre.
Al hablar sobre esa traumática experiencia, Michelle recalca que su formación religiosa y el entorno familiar en el que creció llevó a que ella normalizara el secuestro y encierro del que fue víctima porque se sentía “culpable” y porque ese era el castigo por “ser una aberración”. La mujer explicó a Infobae que lo más difícil para ella fue poder aceptarse y hoy cuenta lo que le sucedió para que las familias “no sean cómplices de dañar una vida” y para que las personas de la diversidad sexo genérica traten de conocer sus derechos y judicialicen estos casos: “Si hubiese conocido mis derechos, habría denunciado, aunque en ese momento sabía que eso podía jugarme en contra”, aseguró.
En Ecuador hay casos de secuestros, torturas y violaciones sucedidos en estos centros que no fueron judicializados. Según recogió el medio feminista La Periódica, en un especial de personas que han supervivido a centros de tortura, mal llamadas clínicas de deshomosexualización en Ecuador: “Las víctimas y sobrevivientes, al parecer, no tienen a dónde acudir para exigir justicia –y que no se les ofrezca como única opción denunciar a sus familias– porque no hay la política pública necesaria que lo garantice”.
Los pocos casos que llegan a ser investigados suelen terminar en la impunidad para los victimarios. Un artículo de la DW recoge la historia de Jonathan Vasconez, quien, en 2010, con 23 años, fue internado por más de 12 meses por pedido de su familia. “El caso llegó a los tribunales, pero fue finalmente sobreseído”.
A esto se suma que hay otro tipo de prácticas que buscan cambiar la identidad de la persona y que pueden incluir visitas reiteradas con psicólogos que consideran a las diversidades sexo genéricas como enfermedad. También hay casos donde las personas LGBTIQ+ han sido sometidas a exorcismos.
Aunque parezca que los centros que ofrecen terapias de conversión son sacados de la inquisición, su operación clandestina e ilegal es más común de lo que se cree. Muchas víctimas no son identificadas porque las propias familias las encierran en estas clínicas de tortura. Entonces no hay alertas sobre su desaparición ni tampoco intervención de las autoridades.
En Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil, como Diálogo Diverso, dan seguimiento y contención a estos casos. Mientras que las instituciones gubernamentales parecen no prestar la debida atención a estas prácticas inhumanas.
* Se cambió el nombre de una de las víctimas para preservar su identidad y no revictimizarla.
** En caso de conocer a una persona de la comunidad LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad o en caso de ser víctima de uno de estos centros, puede pedir asistencia en la web www.dialogodiverso.org. Si se trata de una urgencia, el número habilitado en Ecuador es +593 99 988 9801.
Por Yalilé Loaiza / INFOBAE
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