Legisladores ecuatorianos no aprueban pedido de archivar juicio político contra Lasso

Los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador rechazaron este sábado el informe que recomendaba archivar el juicio político contra el presidente Guillermo Laaso, acusado de peculado.

Cinco asambleístas de los nueve que forman parte del ente votaron contra dicho informe, mientras que cuatro, que niegan que existan pruebas para enjuiciar al mandatario, le dieron su apoyo.

La asambleísta Gabriela Molina (Unión por la Esperanza, UNES), que votó contra el informe, aseguró que la responsabilidad política del gobernante sí se probó. Añadió que Lasso “conocía de la corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y permitió una prórroga del contrato”.

Tras la votación, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, aliado del mandatario, clausuró de forma abrupta la sesión pese a que asambleístas de UNES habían presentado una moción para tratar observaciones al informe y recomendar la censura a Lasso. Dicha moción quedó sin tratar.

En declaraciones a los medios, la asambleísta Viviana Veloz (UNES), promovente del juicio político, afirmó que el informe no tiene carácter vinculante porque no fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

Explicó que, aunque no se aprobó ese texto, el procedimiento continuará ante el Pleno de la Asamblea. Puntualizó que se va a aplicar el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa, que señala que cuando no hay consenso en una comisión, el tema debe pasar al Pleno. Adelantó que el proceso concluirá con la censura y destitución del mandatario.

“Lo que estamos viendo y observando es que (los aliados de Lasso) no tienen los votos para salvarlo y por eso recurren a estas leguleyadas”, dijo en relación con las violaciones de procedimiento que hizo el asambleísta Villavicencio durante la sesión.

Añadió que ahora depende del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocar a los asambleístas para discutir el asunto “por el bienestar de Ecuador y de la democracia”.

Se prevé que Saquicela convoque al Pleno de la Asamblea en un plazo de 48 horas y los asambleístas decidan si continúan adelante con el trámite. Se necesita 70 votos para ello. De alcanzarse esa cantidad de sufragios, Saquicela convocaría a otra sesión del Legislativo para decidir, con el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores (92 de 137), la censura y destitución de Lasso.

La acusación por el presunto delito de peculado apunta a que, pese a conocer las irregularidades en un contrato para transporte de crudo entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker, y de saber que era lesivo para el Estado ecuatoriano, Lasso no hizo nada para suspenderlo.

La asambleísta Mireya Pazmiño, promovente del juicio político, recordó que a través de varias cartas e informes, incluso uno elaborado por la Comisión de Fiscalización, se puso en conocimiento de Lasso el carácter lesivo del referido contrato.

Dicho documento jurídico se firmó durante la gestión del expresidente Lenín Moreno (2017-2021), pero Lasso no le puso fin pese a las alertas de que debía hacerlo y lo prorrogó hasta el 2024.