Bajo todo indicador, en la provincia de Esmeraldas se vive ya un clima de guerra civil.
Con más de 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes —en la misma categoría que los más violentos municipios de México, Sudáfrica, Brasil y Honduras—, deficiencias fundamentales de infraestructura y servicios básicos, y ausencia de las instituciones estatales fundamentales, la provincia se hunde en la llamada ‘gobernanza criminal’.
La matanza acaecida el martes 11 —por la forma como se llevó a cabo, por el poder de fuego y por el perfil de las víctimas— sepulta el mito de que la violencia solo se da ‘entre criminales’ y muestra que la ciudadanía está a merced de la barbarie.
El Estado ecuatoriano lleva años cediendo frente al sanguinario caos que desciende desde el otro lado de la frontera. Usando como pretexto el abandono colombiano, Ecuador prefirió hacer lo mismo en su zona, y toleró que el territorio de la provincia y sus ingentes recursos naturales quedaran en manos del hampa.
El proceso se aceleró tras la desmovilización de las FARC y la consiguiente multiplicación de los actores armados en la zona, un fenómeno sobre el que se alertó. El aumento del narcotráfico internacional coincidió con la crisis nacional de los últimos años, lo que derivó en la penetración acelerada del crimen organizado en Esmeraldas. La única respuesta del Estado, además de intentar frenar algo del tráfico fronterizo, ha sido ceder.
Hace un lustro, la violencia estaba en la frontera, pero ahora se ha tomado ya la capital provincial. Si el Estado no la contiene de una vez por todas, seguirá extendiéndose al mismo ritmo a otras provincias y entonces sí que seremos un estado fallido.
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