Como ocurre en Rusia, Cuba o Venezuela, los reporteros del país gobernado por el MAS están ahora ante a la posibilidad de ser enviados a la cárcel si difunden mensajes que inquieten a la población.
Como ocurre en Rusia, Cuba o Venezuela, los periodistas bolivianos están ahora ante a la posibilidad de ser enviados a la cárcel si difunden mensajes que inquieten a la población, según dos leyes que el gobierno de Luis Arce ha enviado al parlamento.
Las sanciones están camufladas en leyes referidas al “enriquecimiento ilícito” y la protección de los “derechos humanos”, pero la Asociación Nacional de Periodistas se ha declarado en estado de emergencia y ha anunciado que no tolerará que el gobierno suplante o ignore la Ley de Imprenta, que protege la libertad de expresión desde 1925.
El proyecto dice, en efecto, que el periodista que difundiere mensajes que inquieten a la población será sancionado con 25 años de cárcel, según la primera ley, o a ocho años de acuerdo a la segunda, y no podrá acogerse a la Ley de Imprenta, que prevé el funcionamiento de “tribunales de imprenta” para estas circunstancias. El primer proyecto incluye este párrafo: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Esto da la razón a Zulema Alanes, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas: “La actual situación del periodismo es peor que en las dictaduras militares”. Hacía referencia a que esas dictaduras solían anunciar, al instaurarse, que dejaban en suspenso las constituciones y las leyes de cada país. Esta vez, el gobierno de Arce se propone hacer lo mismo mediante la aprobación de leyes que se sobrepongan a las que garantizan las libertades democráticas.
Los periodistas señalan que “no es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) pone de manifiesto sus pretensiones autoritarias con las que pretende silenciar el trabajo de la prensa, por los que declaramos estado de emergencia a nivel nacional”.
El gobierno de Evo Morales había ignorado la Ley de Imprenta cuando llevó a la justicia ordinaria al autor de esta nota en 2016 a pesar de las protestas de las organizaciones de periodistas.
Por el momento, debido a las protestas de quienes no aceptan la ley en sus alcances de legitimación de fortunas ilícitas, el gobierno optó por dejar en suspenso el proceso de aprobación de la ley 280, referida a estos casos, pero mantiene en mesa la 305, que alude a la discriminación.
Voceros del gobierno afirman que los enemigos de los “gobiernos populares” se escudan y “usan como pretexto la libertad de prensa” para criticar a los gobernantes y de esa manera crear las condiciones para el surgimiento de protestas ciudadanas.
El momento es muy propicio para que se den estas condiciones, porque las protestas movilizan ahora a los maestros, que no aceptan la ideologización de las normas de educación primera y secundaria, a los trabajadores del comercio, decididos a frenar la ley del enriquecimiento ilícito, a los trabajadores en general que no aceptan que el gobierno use sus ahorros para la jubilación en gasto público, a los habitantes de la selva amazónica que sufren por la presencia de mineros chinos que envenenan el ambiente con el uso descontrolado del mercurio, y ahora también a los ciudadanos que vivían de cambiar monedas en las calles, perseguidos y encarcelados si modifican la cotización oficial del dólar.
Están prohibidas muchas cosas, pero los cocaleros de Chapare no han tenido problema en disponer que quien desee visitar la zona necesita contar con una autorización, incluso si se tratase del vicepresidente David Choquehuanca, como acaba de ocurrir. Choquehuanca propicia la renovación de la dirección del MAS, lo que indigna a Evo Morales, que ahora decidió que la zona de Chapare, donde él reina, goce de extraterritorialidad en Bolivia.
Aunque el gobierno acusa de “separatistas” a los dirigentes de Santa Cruz con cualquier pretexto, no ha reaccionado ante esta provocación de los cocaleros de Morales.
Todas las protestas agravan la crisis económica en un país que importa 80% de los combustibles líquidos que consume, que se está quedando sin gas natural y donde la única industria que progresa es la que produce cocaína.
Y el MAS se mantiene en una intensa guerra interna, con acusaciones cruzadas de corrupción y de complicidades con el narcotráfico, de las que la justicia no se da por enterada porque está dedicada exclusivamente a castigar a quienes Morales señala como responsables de su renuncia y posterior fuga por las protestas contra su fraude electoral en noviembre de 2019.
Por Humberto Vacaflor Ganam / INFOBAE
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