En el proceso por el robo de 14 proyectos en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) la Fiscalía estableció que seis funcionarios implicados enviaron invitaciones directas sólo 48 horas antes de adjudicar 14 millonarios contratos para la construcción de escuelas en Cochabamba, hecho que se considera un nuevo indicio del presunto hecho de corrupción cometido durante la gestión presidencial de Evo Morales, en 2019.
“Las empresas escogidas, en menos de 48 horas, solo cambiando la carátula de los trabajos del ‘estudio técnico’, presentaron la propuesta a la invitación directa, sabiendo además que esos documentos les fueron facilitados y entregados por los mismos denunciados (funcionarios de la UPRE) y por tanto, no les correspondía su propiedad técnica e intelectual”, señala parte de la relación de hechos que figuran en el cuaderno de investigaciones del caso a cargo del fiscal Vladimir Bolívar.
La denuncia fue presentada en diciembre de 2021 por el representante de la “Consultora – Constructora Estructuras y Proyectos SRL.”, Hugo Araníbar, contra seis funcionarios de la UPRE. En el proceso de investigación, el fiscal Bolívar solicitó informes a la entidad, en cuyas respuestas se verificó que el exdirector de la UPRE, Alexis Vladimir M.C., firmó invitaciones para la contratación directa a 14 empresas.
Asimismo, la Fiscalía maneja que los datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) que confirman que el proceso de adjudicación se dio en 48 horas, luego de que cada empresa recibiera la invitación directa. La firma del contrato, entre la UPRE (dependiente del Ministerio de la Presidencia) y los representantes de las 14 empresas se dio el 9 de septiembre de 2019, en un acto especial realizado en la zona Sur de Cochabamba, al que asistió como invitado especial Evo Morales.
Los datos son parte del cuaderno de investigación del caso a cargo del fiscal anticorrupción, Vladimir Bolívar que con otros elementos tomó esa relación de hechos como un indicio más que fundamenta las órdenes de aprehensión que se ejecutaron ayer contra dos de los miembros de la Comisión de Calificación de la UPRE, la arquitecta Lucy Raquel M.F., “encargada técnica del departamento de Cochabamba” y el técnico Luis Alejandro M.V.
Según la explicación del abogado de la parte denunciante, Nelson Carpio, en febrero de 2019 los padres de familia de las juntas escolares de la zona Sur de Cochabamba, contactaron a Araníbar para que elabore los “proyectos técnicos a diseño final” para la construcción de 14 unidades educativas, cuyo financiamiento fue comprometido por Morales a través de la UPRE.
La empresa constructora de Araníbar realizó los estudios y elaboración de proyectos en ocho meses. Durante ese tiempo, además mantuvo reunión con el exdirector de la UPRE, Alexis Vladimir M.C., y los otros cinco funcionarios implicados, quienes realizaron una serie de observaciones que fueron subsanadas y, finalmente, se entregaron los trabajos, cumpliendo todos los requerimientos hechos por los técnicos de la UPRE y del Ministerio de Educación.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, sólo unos días antes de la firma de los contratos para construcción de las 14 escuelas, los funcionarios de la UPRE realizaron un “extraño” pedido a los dirigentes de las juntas escolares, solicitaron que se les entregue las carpetas de los 14 proyectos, impresas y con una copia digital, pero sin el membrete de la “Consultora – Constructora Estructuras y Proyectos SRL.”, requerimiento que fue cumplido, pero que causó sospechas entre los padres de familia.
Carpio señaló que precisamente esos documentos, cuya propiedad intelectual le pertenecen a Araníbar, fueron entregados por parte de los seis funcionarios denunciados, de manera dolosa, a los representantes de las 14 empresas que fueron invitadas de forma directa por Alexis Vladimir M.C. y estos, a su vez, se apropiaron de los proyectos y firmaron los contratos de adjudicación.
Los aprehendidos
Por ahora en este caso, están aprehendidos la arquitecta Lucy Raquel M.F. y el técnico Luis Alejandro M. V., quienes esperan en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ser notificados con la imputación para ser puestos ante el juez primero anticorrupción, Helmer Laura.
Al margen de los detalles de este proceso, se conoce que el juez Laura tiene un historial de 26 denuncias penales desde 2014, una de ellas presentada en febrero de 2022 por agresión sexual. Abogados y litigantes de diferentes procesos que se tramitan en ese juzgado denunciaron que el Consejo de la Magistratura no atiende las denuncias presentadas contra Laura.
Los dos sindicados del caso UPRE fueron aprehendidos por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Página Siete.
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