El régimen tenía vigencia desde 1937, cuando fue aprobado durante el Gobierno de facto de Getúlio Vargas.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó eliminar la prisión especial para los detenidos no condenados que tengan un título de educación superior. Tampoco podrán acogerse a este privilegio en casos de prisión provisional.
El fiscal general brasileño Rodrigo Janot había recurrido estas medidas contempladas en el Código de Proceso Penal en 2015 por considerar que “viola la conformación constitucional y los objetivos fundamentales de la República, el principio de la dignidad humana y el de la isonomía”.
El dictamen del Supremo señala que “el orden constitucional actualmente vigente no permite perpetuar esa lógica discriminatoria y desigual”, según la opinión del juez Alexandre de Moraes.
“Conceder beneficio carcelario a quienes tengan un diploma de enseñanza superior no satisface ninguna finalidad constitucional y tampoco implica mayor protección al bien jurídico que no esté ya protegido por otras normas”, añadió.
Así, “no protege a una categoría de presos fragilizada o merecedora de tutela. Por el contrario, favorece a quienes ya están favorecidos por su posición socioeconómica”, por lo que su prolongación supone un “verdadero privilegio” que “materializa la desigualdad social y el sesgo selectivo del derecho penal”.
La prisión especial para personas con titulación superior data de 1937, cuando fue aprobada durante el Gobierno de facto de Getúlio Vargas para evitar que estos acusados fueran retenidos en los centros genéricos.
Vargas fue presidente de facto del gigante sudamericano durante casi 15 años, desde el 3 de noviembre de 1930 hasta el 29 de octubre de 1945. Entre 1937 y 1945, durante el Estado Novo, dio continuidad a la reestructuración del Estado y profesionalización del servicio público, creando el DASP (Departamento Administrativo del Servicio Público) y el IBGE. También abolió los impuestos en las fronteras interestaduales y creó el impuesto a la renta.
Su política se orientó cada vez más en la intervención estatal en la economía y en el nacionalismo económico; y provocó un fuerte impulso en la industrialización. Adoptó la centralización administrativa como marca para crear una burocracia de estado fuerte, hasta entonces inexistente.
En ese lapso, fueron creados el Consejo Nacional del Petróleo (CNP), la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la Fábrica Nacional de Motores (FNM), entre otros entes. También editó, en 1941, el Código Penal y el Código Procesal, todos hasta el día de hoy en vigor.
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