Tras su polémica visita al país, el organismo alertó de la delicada situación judicial y de la violencia política que ha derivado en la fractura de la sociedad boliviana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó este viernes su visita a Bolivia y alertó sobre las graves fallas en el sistema judicial. El informe difundido por el organismo señala que “en Bolivia históricamente la Justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno”.
La organización indicó, además, que recibió “testimonios preocupantes que señalan que, con frecuencia, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas, o acceder a medias alternativas o beneficios”.
Pidió a todas las fuerzas políticas llegar a un consenso en la preselección de los magistrados, de cara a las elecciones judiciales que tendrán lugar este mismo año y remarcó que “un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de Justicia”.
La comisionada Esmeralda Arosemena, que encabezó la comitiva en Bolivia, mencionó el “recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de violencia partidista, producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”.
Según se detalla en el informe, estas situaciones derivan del conflicto iniciado en 2019 y que ha dejado, desde entonces, “profundas heridas abiertas” las cuales “solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión, contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social”.
Inclusive, Arosemena señaló que -más allá de los problemas políticos y los reclamos del pueblo que han quedado expuestos en el último tiempo- ésta es una oportunidad histórica para Bolivia para revertir su situación. Alentó a las partes a buscar un acuerdo social, poniendo énfasis en que “consensuar significa renunciar en ocasiones a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común”.
Por otro lado, la comisionada se refirió a la situación en los centros penitenciarios, principalmente las cárceles de Chonchocoro y de Miraflores, donde está recluido el gobernador de Santa Cruz –Luis Fernando Camacho– y la ex presidente Jeanine Áñez, respectivamente.
Tras su visita a ambos centros de reclusión y luego de su reunión con familiares del Gobernador cruceño, desde la CIDH se aseguró que “toman nota de los procesos penales en contra de estas personas y recuerdan que, conforme a los estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención”.
El informe concluye mencionando que los pedidos de los allegados, entre los cuales se solicita un “informe objetivo” de las violaciones de Derechos Humanos en su contra y de la represión en contra del pueblo cruceño por parte del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) durante las protestas del 2019, fueron puestos “en conocimiento del Estado” en la reunión con el presidente Luis Arce.
(Con información de Europa Press)
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