En este año se han ejecutado más de 66.000 apresamientos, pero también de abusos. Los salvadoreños respaldan mayoritariamente esa estrategia. El camino inició en marzo del 2022.
El Salvador cumple un año bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 66.200 detenciones y miles de denuncias de atropellos, en lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele llama «guerra contra las pandillas».
Según diferentes encuestas, la medida es respaldada por la mayoría de la población e impulsa la popularidad de Bukele.
Son 12 las ampliaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en un año, en el que se han dado reformas penales, la muerte de más de 100 personas bajo custodia estatal y el anuncio de la búsqueda de reelección de Bukele.
La jornada más violenta de la historia reciente
Entre el 25 y 27 de marzo de 2022 se cometieron al menos 87 homicidios en El Salvador, según cifras de la Policía, escalada que dejó al 26 de marzo como el día con más asesinatos en la historia reciente del país con 62 homicidios en 24 horas.
La cifra más cercana era la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).
Los diputados aprobaron, sin mayor estudio, la medida a solicitud de Bukele para suspender los derechos a la defensa, inviolabilidad de las telecomunicaciones, a la reunión y ampliar el plazo de la detención administrativa.
Reformas penales y señalamiento de mordaza
El 30 de marzo de 2022, el Congreso aprobó el endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a la ola de homicidios.
La solo pertenencia a una pandilla conlleva una pena de 20 a 30 años de cárcel, y se habilitaron procesos para que menores de edad sean juzgados como adultos. Además se autorizó la figura de jueces sin rostro.
El Parlamento también aprobó castigar hasta con 15 años de prisión la publicación de «cualquier manifestación escrita» que aluda al «control territorial» de las pandillas, lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) catalogó como reforma «mordaza».
Primeros llamados internacionales
Tras las reformas penales, a inicios de abril comenzarían a llegar los primeros señalamientos de organismos internacionales, que también hacían eco de las denuncias de organizaciones locales, sobre los abusos denunciados en el marco del régimen.
El 5 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las medidas, incluidas las tomadas contra menores de edad.
El 6 de abril, Estados Unidos llamó a El Salvador a rescindir el régimen de excepción «tan pronto como lo permita la situación» de violencia y le urgió a respetar los «derechos humanos».
También, Human Rights Watch (HRW) pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) pronunciarse sobre el régimen de excepción.
Primera ampliación con 16.000 capturas
El 24 de abril y pese a haber controlado la ola de asesinatos, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, amplió la petición de régimen de excepción del Ejecutivo de Bukele por primera vez por un lapso de 30 días.
El Gobierno argumentó que la «ola criminal» se mantenía «a pesar de las capturas y la disminución de homicidios» e indicó que levantar el régimen «propiciaría un retroceso en los avances alcanzados». Argumentos similares se darían en las siguientes 11 ampliaciones.
En estas fechas, las autoridades registraban 16.000 detenciones, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias daban cuenta de al menos 200 denuncias de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias.
¿El origen de la matanza? y el tercer año de Bukele
El 17 de mayo, el medio salvadoreño El Faro publicó una investigación que señala que la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la ola de asesinatos a finales de marzo.
El 1 de junio de 2022, el presidente Bukele afirmó ante el Congreso en su discurso del tercer año de mandato que «estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas», cuando las autoridades reportaban más de 36.000 capturas.
Tras ese discurso, los diputados oficialistas pidieron entre aplausos y gritos la reelección de Bukele.
El 2 de junio, Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno de cometer «violaciones masivas de los derechos humanos» bajo el régimen de excepción» y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
Bukele anuncia la reelección
El 15 de septiembre, Bukele anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, esto pese a señalamientos de que va en contra de la Constitución.
Algo que lo convertiría en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña en buscar su reelección inmediata.
Para esta época, el recuento de capturas era de 52.500 y las organizaciones humanitarias contaban más de 6.500 denuncias de atropellos.
El Salvador no da cuentas
El Estado de El Salvador se negó el 25 de octubre a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción.
Bukele inaugura cárcel para 40.000 pandilleros
El 31 enero de 2023, Bukele inauguró una cárcel con capacidad para 40.000 personas que servirá, según ha dicho el Gobierno, para albergar a los pandilleros. A la fecha, son al menos 4.000 presos los que se han trasladado.
Hasta el 24 de marzo, son al menos 66.292 las personas detenidas, de las que 4.500 habrían sido liberadas, se suman más de 7.900 denuncias de violaciones a derechos humanos y unas 102 muertes de detenidos.
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