Comunidad Ciudadana alerta que el MAS intenta reponer la ley para criminalizar la protesta social
La alianza política Comunidad Ciudadana (CC) advirtió que el partido de Gobierno intenta, por segunda vez, debatir la denominada «ley maldita» que hoy reaparece como el proyecto de Ley Nº 280 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y cuyo objetivo sería «criminalizar» las protestas ciudadanas.
«Denunciamos a todos los sectores que con esta ley, que Luis Arce nuevamente la saca del cajón para implantar su dictadura, se quiere criminalizar el derecho a la protesta social y ciudadana», refutó el diputado opositor Carlos Alarcón.
El parlamentario dijo que el tratamiento del anteproyecto en la Comisión de Constitución estaba previsto para este viernes, sin embargo, fue trasladado para el martes 4 de abril a las 10:00 de la mañana.
En octubre de 2021, el oficialismo presentó el proyecto de Ley 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales. Sin embargo, fue retirado de la Asamblea Legislativa bajo presión de diferentes sectores de la población que advirtieron riesgos, por ejemplo, contra la libertad de expresión y los «poderes extraordinarios» que se daba a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar las cuentas.
Alarcón dijo que el proyecto 218 de 2021 ahora regresa al debate bajo otro denominativo y que contempla cuatro figuras penales como el terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.
«De la forma que está redactado el tipo penal de terrorismo criminaliza la protesta social porque cualquier grupo de personas que esté haciendo una protesta puede ser acusada por la justicia y el Gobierno con un castigo de 20 a 25 años de prisión y con confiscación de bienes y sin siquiera tener sentencia ejecutoriada», explicó.
Otros elementos que le llaman la atención son la redacción del delito de legitimación de ganancias ilícitas que generalmente se vincula con el narcotráfico, organización criminal y corrupción, pero ahora se vincula a temas tributarios, medioambientales y actividades mineras que se consideren ilícitas.
El detalle es que las personas podrían ser procesadas y sentenciadas sin haberse investigado el delito de origen. A esto se suman las sanciones de decomiso de bienes que podrá realizarse sin la necesidad de tener una sentencia ejecutoriada, lo que estaría vulnerando la Constitución.
El proyecto tiene dos artículos que detallan las posibles modificaciones a al menos cinco artículos del Código de Procedimiento Penal y la Ley del Notariado Plurinacional.
El Deber
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