El Gobierno de Bolivia acusó este martes a su similar de Estados Unidos de cometer “injerencia en asuntos internos” al emitir un informe unilateral sobre derecho humanos “sin fundamentos objetivos”.
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La administración del presidente Luis Arce recordó que “Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, en el marco de los tratados y convenios internacionales que ha ratificado sobre la materia”.
En consecuencia, mencionó que se efectuó una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos al país, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otras autoridades de organismos multilaterales.
Y como evidencia de ello, Cancillería confirmó que entre el 27 y 30 de marzo visitará el país una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones de Bolivia.
Así, el Ejecutivo boliviano respondió al informe sobre prácticas sobre derecho humanos que el Gobierno de Estados Unidos publicó el lunes y en el cual hace referencia a supuestas vulneraciones basados en reportes de otros organismos como Human Rights Watch y una ONG de la que no se precisa su nombre.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el informe “unilateral y oficioso” de Estados Unidos “desconoce la soberanía que tiene cada Estado y los pueblos del mundo”.
Sobre la situación de los derechos humanos en el país, la autoridad recordó que el Estado asumió los tratados y convenios sobre la protección y garantía. También negó que en el país existan presos políticos, como algunos opositores señalan, y aseguró que se respeta al debido proceso para todos los investigados.
En ese campo, recordó que el GIEI, que investigó la crisis social de 2019, recomendó investigar los hechos suscitados antes y durante la ruptura del orden constitucional e incluso pidió “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos” identificadas durante la pesquisa.
Fue por ello que el Gobierno nacional desestimó la posibilidad de otorgar una amnistía a los actores de la ruptura del orden constitucional entre ellos el excívico Luis Fernando Camacho que está recluido de forma preventiva en el penal paceño de Chonchocoro, procesado por el caso Golpe de Estado I.
“En conclusión, entre el periodo que señala el informe del GIEI, que es entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre debe investigarse, debe existir una reparación integral, memoria, verdad y justicia, y se tiene que garantizar las debidas acciones con relación a ello, y para eso opera todo el Estado con los órganos correspondientes y con la independencia de las mismas en un marco de coordinación como establece la Constitución Política del Estado”, argumentó.
Al igual, Alcón reafirmó que el “Gobierno garantiza la libertad de expresión de todos los bolivianos y bolivianas en el territorio nacional”.
ABI
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