Con un déficit creciente y las fuentes de financiamiento cerradas, el presidente boliviano pone fin a la administración privada de las AFP. Un camino plagado de denuncias de corrupción y contratos con Rusia e Irán en camino.
El gobierno de Luis Arce atraviesa días grises. Por un lado, la pelea interna y pública con el ex presidente Evo Morales y sus partidarios sigue escalando y nadie sabe hasta donde puede llegar. Por el otro, la economía boliviana muestra cada vez más números en rojo. El déficit en las cuentas públicas alcanza nuevos récords. La inflación crece. Los maestros y otros gremios mantienen protestas diarias en las calles reclamando aumentos salariales que no llegan. Los dólares para la importación se acabaron y distintos sectores industriales alzan sus reclamos por falta de insumos. El gas, ese oro invisible que tenía Bolivia, comienza a escasear por falta de inversiones. El país se dispara y se cierran los grifos para nuevos créditos en los mercados internacionales.
Ante el ahogo político y el apremio económico, Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas de la región y va por el último manotazo para obtener dinero: los fondos de pensión.
La historia es larga y lo tiene al actual presidente como coprotagonista en su anterior etapa como ministro de Economía de su padrino político, Evo Morales.
Desde 1997, Bolivia tiene dos administradoras privadas de fondos de pensiones, o AFP, como se las conoce. Una de ellas está en manos del banco español BBVA y la otra pertenece a la aseguradora suiza Zurich. Desde 2006, con la llegada de Morales al poder, tuvieron que soportar diferentes cambios en la Ley de Pensiones y otras normas relacionadas que fueron limitando su capacidad de inversión. La reforma constitucional de 2010 directamente estableció que el Estado debía volver a administrar las jubilaciones y pensiones, pero lo cierto es que desde entonces se avanzó poco y desprolijamente. La unidad creada por el gobierno boliviano para recuperar los activos administrados por los privados, llamada “Gestora”, se transformó en una formidable cáscara vacía que contrató a centenares de personas para administrar la nada misma porque se prefirió que los privados mantuviesen la gestión administrativa aunque una normativa cada vez más estricta las forzara a invertir todos sus fondos en activos nacionales y más aún: en bonos del tesoro boliviano que de a poco fue capturando los ahorros de los futuros jubilados como última fuente de financiamiento.
Es que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia descendieron de 15.123 millones dólares en 2015 a sólo 3.538 millones en febrero de este año, de los cuales apenas 302 millones están en divisas. Bolivia lleva una década con un déficit fiscal anual superior al 7 por ciento y la calificación de sus deuda soberana a disminuido de B+ a B.
Ante la imposibilidad de conseguir otras fuentes de financiamiento, el Gobierno ha optado por emitir Bonos Soberanos a 20, 30 y 50 años de plazo con tasas de interés de 4,8, 5,0 y 5,1% y venderlos a las AFP.
Al día de hoy, del total de la Cartera de Inversiones del Sistema Integrado de Pensiones (SIP), el 69,6% se encuentra distribuido en instrumentos nacionales y el restante 30.4% en Bonos del Tesoro y en Bonos de Deuda Soberana. Según datos de la APS (Entidad Regulatoria de Pensiones y Seguros), a septiembre del año 2022, el ahorro del SIP fue de USD 23.967 millones, de los cuales en bonos del Tesoro y Bonos de la Deuda Soberana el Estado Boliviano ya emitió valores por USD 7.222 millones de deuda del Estado, es decir, casi un tercio del total.
Durante el tiempo que Arce fue ministro de Economía firmó oscuros contratos en nombre de “Gestar” para la compra del software que iba encargarse de trasladar los fondos de pensión desde las aseguradoras privadas al Estado boliviano. Por el primer contrato, una cuenta off shore en Panamá recibió USD 3 millones. pero el software nunca apareció. El dinero tampoco.
Un segundo contrato por 11 millones fue firmado por Arce con una empresa colombiana mientras Bolivia se incendiaba tras la elección en la que Evo Morales buscó reelegirse contrariando la Constitución y en medio de decenas de denuncias de fraudes. El contrato, que implicaba que la firma colombiana se quedaría con toda la información y cobraría un canon de alquiler anual de USD 1,3 millones al gobierno bolviano fue congelado durante la presidencia interina de Jeanine Añez y la documentación donde habían quedado registros de los contratos que olían a corrupción fueron llevados a la Justicia. Por supuesto, toda esa investigación se evaporó cuando Arce llegó al gobierno y logró maniobrar convenientemente en la Justicia.
Librado de esos incordios en los tribunales, el presidente decidió ahora sí avanzar finalmente en la estatización total de los fondos de pensiones que, por un decreto soberano, terminará de concretarse en mayo próximo, con la toma del control de lo que aun permanece en mano de las AFP privadas.
Allí se abrirán dos enormes nuevas oportunidades, advierten quienes siguen de cerca las maniobras del gobierno: una es el manejo discrecional de las jubilaciones y pensiones que serán administradas con un padrón vetusto que el gobierno se ha negado depurar con un nuevo censo que viene reclamando la oposición que asegura que allí hay miles de muertos vivos. Esos “muertos” ahora no sólo votarán en las elecciones sino que alguien podrá cobrar en su nombre el bono de vejez, que en Bolivia reciben los mayores de 58 años, o una jubilación.
La segunda ventana será ese enorme colchón de dinero para financiar gastos corrientes, lo que está prohibido por ley pero ya se viene realizando según denunciaron economistas y dirigentes opositores, y para fastuosos proyectos de infraestructura que están en carpeta con financiamiento conjunto de Rusia e Irán, lo que enciende las alarmas ya no sólo entre los bolivianos sino a nivel regional y más allá.
hoybolivia.com
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