Más de dos meses después, los acontecimientos del 8 de enero, cuando cientos de manifestantes pro-Bolsonaro invadieron los palacios del poder en Brasilia, parecen haberse convertido ahora en un problema para todos, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Lo han sido desde el principio para el ex presidente Jair Messias Bolsonaro, quien, a pesar de haberse ido a vivir a Florida a finales de diciembre, ha sido acusado de ser el principal inspirador de los hechos. Teniendo en cuenta que a estos cargos se suman ahora los de presunta malversación de joyas recibidas como regalo del Reino de Arabia Saudita, según el sitio de noticias UOL, la policía federal podría pedir su detención si no regresa a Brasil antes de abril. Su posible condena por el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo convertiría en inelegible. Su detención, por otra parte, sería un problema para el nuevo gobierno, que según rumores de la prensa brasileña está de hecho en su contra, porque acentuaría la polarización que ya ha dividido al país durante la campaña electoral y convertiría a Bolsonaro en una víctima, si no en un mártir.
El único que permanece en la cárcel es el ex ministro de Justicia Anderson Torres, que pasó a ser secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el que se encuentra Brasilia. Fue detenido el 14 de enero por supuesta omisión durante las depredaciones del 8 de enero, que se produjeron mientras él también se encontraba en Florida de vacaciones. Hace unos días el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes lo autorizó a declarar el 16 de marzo en la investigación del TSE contra Bolsonaro. Torres tendrá que aportar aclaraciones sobre lo que se ha bautizado como “el borrador del golpe”, es decir, una hoja sin firmas encontrada por la Policía en su domicilio que reproducía el texto de un decreto para establecer el estado de defensa que luego cambiaría el resultado de las elecciones. Hasta ahora Torres siempre ha restado importancia a este documento, del que dijo a la Policía Federal que ni siquiera había informado a Bolsonaro “porque no tenía ningún valor”.
Mientras tanto, el diputado bolsonarista Evair Vieira de Mello, del Partido Progresista (PP), registró recientemente en la Cámara un proyecto de ley para modificar la Ley de Acceso a la Información (LAI) con el fin de acceder a las imágenes del palacio presidencial de Planalto durante la invasión del 8 de enero. De hecho, Lula ha mantenido en secreto la versión completa de los vídeos de las cámaras de seguridad durante los ataques. La justificación es que hacer públicas estas imágenes podría poner en peligro la seguridad del edificio.
Pero lo que más asusta a Lula es la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) solicitada por la senadora Soraya Tronicke, del partido Unión Brasil, y la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) propuesta por el diputado federal André Fernandes, ambas sobre los acontecimientos del 8 de enero. Esta última cuenta con el apoyo de 186 diputados y 33 senadores. Fernandes, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, está siendo investigado por el STF por su presunta implicación en los hechos del 8 de enero. El vicepresidente del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, el senador Humberto Costa, declaró ayer que el presidente hará todo lo posible para impedir la instalación de esas dos comisiones. “El gobierno invertirá mucho para que los parlamentarios se convenzan de que ese no es el mejor camino y si el objetivo es la retirada de sus firmas que se haga”, dijo en una entrevista al sitio de noticias Poter 360. Lo paradójico es que el propio Costa había firmado la petición presentada por Tronicke, pero luego cambió de opinión, justificándose en que la “CPI es una herramienta de una minoría de políticos, pero es una herramienta política de disputa”.
Lula ya lleva quince días a la ofensiva contra los diputados que firmaron la solicitud de instalación de las dos comisiones de investigación, amenazando con no pagar “enmiendas individuales” de unos 13 millones de reales, 2,5 millones de dólares. En Twitter, el diputado Ubiratan Sanderson, del PL, escribió que el gobierno ha ofrecido 60 millones de reales, casi 12 millones de dólares, a quienes retiren sus firmas. “Exigiré que los involucrados sean demandados por corrupción activa y pasiva”, agregó. El criticado presupuesto secreto del gobierno de Bolsonaro, que permitía distribuir dinero a los parlamentarios sin rendir cuentas de cómo lo gastaban, fue sustituido por las llamadas “enmiendas individuales” RP2 de Lula ya incluidas en los presupuestos de los distintos ministerios. El mecanismo ha cambiado de nombre, pero no el uso indebido como instrumento de consenso político y presión.
Lula también habría propuesto puestos de relevo a nivel institucional para hacer enterrar la investigación, como informó el diario Estado de São Paulo. “Lula y el PT primero exigieron un castigo ejemplar por los sucesos del 8 de enero, luego denunciaron el ‘terrorismo’ del que decían ser víctimas. Pero por un súbito misterio, el gobierno dio un repentino giro de 180 grados en su furia represiva”, escribe el periodista JR Guzzo en un duro editorial publicado en el diario Gazeta do Povo. “Primero callaron, luego se preocuparon. Hoy se oponen histéricamente a una investigación del Congreso Nacional. ¿Por qué?”, se pregunta el periodista.
Las explicaciones son diversas. En primer lugar, en los últimos dos meses ha quedado claro que la alerta también se había dado por adelantado al gobierno federal, que, sin embargo, no se movió y ni siquiera desplegó la Fuerza Nacional que había anunciado el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino. Además, en una rueda de prensa, el ministro de Economía Fernando Haddad dijo que Lula había renovado la exención sobre la gasolina el 1 de enero “porque había oído hablar de la posibilidad de un intento de golpe de Estado”, sugiriendo que el nuevo gobierno estaba bien informado sobre lo que podía ocurrir y que, efectivamente, ocurrió el 8 de enero. Sería un duro revés para la imagen de Lula, incluso a nivel internacional, si se descubriera que el nuevo gobierno permitió deliberadamente que ocurrieran las depredaciones por puro cálculo político. Incluso en su visita al presidente estadounidense Joe Biden, Lula comparó los acontecimientos del 8 de enero con los del 6 de enero en Washington en 2022 para acercar aún más a los dos gobiernos. Ignorando la gran diferencia, es decir que en EEUU Trump seguía siendo presidente y que el 6 de enero de 2021 el Capitolio estaba abarrotado de parlamentarios para votar el traspaso de poderes a Biden, que asumiría el cargo dos semanas después.
Otra explicación del temor de Lula es su miedo a consumir capital político en su primer año a la presidencia, en el que tiene que aprobar su nuevo marco fiscal y su reforma tributaria. Una CPI podría hacerle perder energía y apoyo político en el Congreso y representaría la primera oposición real y de peso a su gobierno. Mirando fuera del juego político, sin embargo, una comisión de investigación podría ayudar a Brasil a entender lo que pasó para evitar que vuelva a ocurrir, un ejercicio útil en un país que incluso sobre los hechos de la dictadura a pesar de una Comisión de la Verdad no ha sido concluyente a la hora de castigar a los responsables, a diferencia por ejemplo de Chile y Argentina.
Mientras tanto, 528 personas siguen en prisión por las invasiones del 8 de enero. En los últimos meses, el ministro del STF de Moraes ha liberado a 878 manifestantes, 149 de ellos la semana pasada. Responderán en libertad por incitación al crimen y asociación criminal, y en caso de condena serán castigados con multas o con la obligación de realizar trabajos comunitarios. El 8 de enero fueron detenidas 2151 personas, según datos del STF, de las cuales 745 quedaron en libertad casi inmediatamente.
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