Daniel Ortega clausura dos universidades católicas y ya suman 19 cierres

El Gobierno de Nicaragua ya lleva 19 universidades ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. La justificación fue la supuesta falta de calidad. 

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.

Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.

Según el acuerdo de la cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, las asociaciones de ambas universidades incumplieron con las leyes que las regulan.

Entre otros mencionó que no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.

La Universidad Juan Pablo II, inscrita desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales (centro), Matagalpa (norte) y Granada (suroeste).

En tanto, la UCAN, inscrita desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León (noroeste) y sucursales en Chinandega (también noroeste), Estelí y Matagalpa (norte), Chontales (centro) y Masaya (suroeste).

La agresiva intervención en los archivos

El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.

Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.

Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.

La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y ha petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.

Los otros cinco centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.

El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.

En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.