El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente saliente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, deben presentarse en una audiencia judicial programada para el 9 de marzo del presente, por el caso de los 36 días de paro por el Censo Nacional de población y Vivienda.
Se trata de una audiencia para resolver las excepciones e incidentes planteados por la parte acusada en la denuncia planteada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta.
“Esta audiencia estaba programada para las 14.00 de hoy, pero fue suspendida a causa de falta de notificaciones”, señaló Martín Camacho, abogado de los sindicados.
En noviembre de 2022, la COR El Alto presentó la denuncia contra las autoridades cruceñas por ocho delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo. Luego amplió la denuncia por los delitos de terrorismo y alzamiento armado por la toma y quema de la sede sindical de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz.
Según la COR de el Alto, los sindicados son responsables de estos delitos cometidos durante el paro de 36 días, en la que la ciudadanía cruceña exigía la realización del censo.
La Fiscalía de El alto admitió la denuncia y hoy debía llevarse una audiencia para resolver los incidentes procesales planteados por los denunciados, sin embargo, dicho acto judicial fue suspendido para el 9 de marzo a horas 14:00.
El abogado Camacho cuestionó que la Fiscalía de El Alto haya admitido esta denuncia, siendo que los supuestos hechos ocurrieron en Santa Cruz y los denunciados tienen sus domiciliarios en la región cruceña.
“Ninguno de los supuestos hechos delictivos hubiese ocurrido en la ciudad de El Alto, todos los denunciados tiene su domicilio real en la ciudad de Santa Cruz y además si hubiesen pruebas de algún hecho delictivo, hubiesen ocurrido en la ciudad de Santa Cruz”, manifestó.
El abogado precisó que los miembros del Comité Interinstitucional que impulsaron la lucha por el censo, aparecen como los denunciados en este caso. Adelantó que con los recursos planteados buscan que el caso radique y se investigue en Santa Cruz.
“Estamos pidiendo que la investigación de estos supuestos delitos que se hubiesen cometido en la ciudad de Santa Cruz deben por jurisdicción investigarse en Santa Cruz y debe tener una autoridad jurisdiccional, es decir un juez, que controle la investigación en la ciudad de Santa Cruz”, dijo el jurista.
El abogado Camacho considera que este proceso es parte de la persecución política con el objeto de descabezar a los líderes cruceños, quienes impulsaron la lucha por la realización de un censo pronto, oportuno, legal y legítimo, que fue el pedido de un cabildo.
Página Siete
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