Causas de corrupción pública se refugian en la inacción de la Corte

El accionar de las máximas autoridades se encuentra en los reportes recogidos por el Observatorio del Poder Judicial, que también son seguidos dentro de los casos de vigilancia de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY).

Así, desde las sonadas causas como la compra de helicóptero de Rafael Filizzola, la doble indemnización del ex presidente de la ANDE Carlos Heisele, el enriquecimiento ilícito de Miguel Ángel Cuevas, Óscar González Daher, Fidelino Rivas y los caseros de oro y otros, cuentan con acciones de inconstitucionalidad, además de recusaciones y casaciones pendientes, que en muchos de los casos no permiten en la práctica la prosecución del juzgamiento. Muchas de estas acusaciones ya llevan más de diez años con excesivos usos de la defensa que permiten dilaciones. Entre las preocupaciones desde la sociedad civil también se suman la poca o casi nula sanción a las conocidas popularmente como chicanas, que recorren varias instancias hasta descansar en las salas de la Corte Suprema de Justicia.

En sala constitucional

En suma, hasta esta edición, son unas 18 las causas de corrupción que se encuentran con acciones pendientes ante la Sala Constitucional, aún a cargo de César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Antonio Fretes.

Como muestra se encuentra el caso de Carlos Heisele, quien según la Fiscalía autorizó el pago indebido de indemnizaciones para ingresar a los inmuebles de los propietarios supuestamente renuentes para realizar la instalación de la línea de 500 kV. El daño patrimonial al Estado fue de G. 12.200 millones. Heisele logró gracias a una acción de inconstitucionalidad suspender la audiencia preliminar fijada para el 8 de junio de 2022, la acción presentada en mayo de 2022 aún no fue resuelta.

En el proceso, Heisele ya suma unas cinco audiencias preliminares suspendidas.

También a Luis Alberto Riart Montaner, acusado por un daño patrimonial de G. 14.945 millones en detrimento del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La causa data del 2013. Ya obtuvo condena de 4 años, en tanto no se ejecuta la prisión. Y cuenta con una resolución pendiente de acción de inconstitucionalidad desde el 9 de marzo de 2022.

Delia Samudio Torras, acusada por la compra de agua tónica para Petropar en el marco de la pandemia, está a la espera de una excepción de inconstitucionalidad desde abril de 2022.

La causa ya lleva nueve audiencias preliminares suspendidas.

Así también, se acogen a la misma situación las causas del funcionario del BNF Sixto Fleitas, el ex intendente César Balbuena, Arnaldo Martín Jara por tierras del Indert. Y la sonada por los tapabocas de oro en la Dinac de Édgar Alberto Melgarejo Ginard.

El ex diputado Miguel Jorge Cuevas, acusado por enriquecimiento ilícito, tiene una acción desde junio de 2021, el juicio oral y público está fijado para el 23 de febrero de este año.

José Enrique García Ávalos, por la causa de laudo de Ivesur, tiene una respuesta pendiente desde enero de 2020.

Y con especial atención a la causa de Óscar González Chaves –hijo de Óscar González Daher–, la Sala Constitucional lleva múltiples inhibiciones que evitaron su constitución. Siguiendo con la familia, el 17 de febrero Ramón González Daher presentó una nueva acción de inconstitucionalidad, en cuanto al comiso de sus bienes. También está pendiente resolver la acción de la causa de Raúl Fernández Lippmann, Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva sobre tráfico de influencias, asociación criminal. El último recurso data del 2019.

El ex diputado Carlos Portillo Verón, quien tiene una carpeta abierta por tráfico de influencias, está a la espera de una resolución de excepción de inconstitucionalidad desde junio de 2022.

Así mismo, Francisco Javier Díaz Verón, ex fiscal general del estado por enriquecimiento ilícito, se encuentra en la Corte desde julio de 2020.

El juicio está previsto para el 23 de febrero.

Rafael Augusto Filizzola, señalado por la supuesta compra irregular de helicópteros, cuenta con dos acciones del 17 y 23 de enero de 2021. También Justo Pastor Cárdenas Nunes, Tomás Fidelino Rivas Benítez de los caseros de oro y Roberto Osorio Romero.

Otro caso que estaba pendiente y que finalmente se destrabó y ya está en juicio es el del funcionario judicial Rafael Luis María Ramírez Doldán, imputado por la Fiscalía por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias. Ramírez se presentó como supuesto relator del ministro Óscar Bajac y fue detenido en la Plaza de la Justicia, tras recibir USD 10.000 a cambio de una resolución favorable.

En sala penal

Unos 21 recursos de la defensa se encuentran en la Sala Penal sin resolución, entre casaciones, aclaratorias, apelaciones, impugnación y contienda de competencia.

Entre los protagonistas están nuevamente Delia Samudio, Tomás Fidelino Rivas, Raúl Antonio Fernández Lippmann y Óscar Venancio Núñez.

Sala Constitucional, años con acciones sin resolver.

Acciones de inconstitucionalidad llevan hasta seis años sin resolución. Inacción hasta dejó en espera ejecución de condenas y suspendió audiencias.

CASI 1 AÑO

Recurso está desde el 9 de marzo de 2022. La causa por daño al MEC de G. 14.045 millones tiene condena, pero Riart aún no pisó la cárcel.

Dilatorio

Inconstitucionalidad está en despacho de Víctor Ríos desde abril de 2022. Caso agua tónica de Petropar lleva 9 audiencias suspendidas.

A 4 años

Caso de créditos de funcionario de BNF de Yby Yaú tiene una inconstitucionalidad sin resolver desde el 3 de octubre del año 2019.

Suspendió audiencia

Falta de resolución de inconstitucionalidad del 16 de agosto de 2022, suspendió audiencia del 29 de noviembre de 2022.

A 7 años

Caso tierra Indert, la acción de inconstitucionalidad promovida en mayo de 2016. El expediente está en CSJ desde junio 2022.

TERCER AÑO

ANDE. Por daño de G. 12.000 millones, inconstitucionalidad de 2020 con medida cautelar evitó audiencia. Fiscal pidió caducidad.

SUMANDO AÑOS

Caso tapabocas de oro de la Dinac. Inconstitucionalidad sin resolver está desde junio de 2021 en sala constitucional.

Evitó juicio oral

Caso tráfico de influencias con Óscar Bajac. Inconstitucionalidad no resuelta suspendió juicio oral en junio de 2022.

Dos años

La causa por enriquecimiento ilícito está en Sala Constitucional desde junio de 2021. El juicio oral está fijado para el 23 de febrero.

Sin resolución

Acción de inconstitucionalidad planteada el 14 de enero de 2020 aún no cuenta con resolución. La causa, laudo de Ivesur.

Varias inhibiciones

Tres acciones de febrero de 2019 no pudieron ser abordadas por inhibiciones de los ministros de la Corte Suprema.

No se integra sala

Caso audios de Daher, cuatro acciones pendientes desde 2019 no cuentan con sala integrada para el tratamiento.

Sin respuesta

El ex diputado presentó la acción en junio de 2022, y no hay resolución. En noviembre de 2022 se remitió el expediente a CSJ.

Eterno estudio

Caso helicópteros tiene dos acciones, una del 13 y otra del 27 de enero de 2021. Ambas se encuentran para estudio de la acción.

CON sentencia

La causa tiene sentencia en primera instancia, en tanto desde setiembre de 2019 está la inconstitucionalidad sin resolución.

Cerca del juicio

Inconstitucionalidad promovida el 16 de julio de 2020, sin respuesta. El juicio está fijado para el 23 de febrero de 2023.

Contra condena

En el caso de enriquecimiento ilícito se encuentra la acción de inconstitucionalidad desde el 2021, sin resolución.

En paro

Desde el 12 de setiembre de 2022 se encuentra la acción de inconstitucionalidad. La causa del ex diputado es por caseros de oro.

Observatorio, un logro de la sociedad civil como vigilante

Desde el 2019 las causas de corrupción pública son socializadas a través del portal de la Corte Suprema de Justicia en el apartado del Observatorio de causas judiciales. En el marco de la transparencia y el acceso a la información pública, se encuentra actualizada a febrero de 2023 la situación procesal de 107 causas relacionadas a hechos de corrupción.

Al respecto, la abogada de la Coordinadora de Abogados del Paraguay-Coapy señala que el portal es una herramienta para la vigilancia activa del proceder judicial desde la sociedad civil.

En tanto, en el relevamiento de datos requiere participación activa, pues todavía los expedientes y providencias son de carácter físico y no digital, identificándose incluso en el proceso la pérdida de documentos.

En la observación de casos, señala de forma enfática Roa, que se identifican modos de actuar como patrones.

“Cuando una causa obtiene una condena en primera instancia, se recurre a un recurso de apelación especial como segunda instancia, en tercera las defensas utilizan la casación, pedido de aclaratoria, este último es totalmente un recurso dilatorio, hasta llegar a la acción de inconstitucionalidad”, relata Esther Roa, quien lleva el seguimiento desde hace más de 10 años.

Acusados por daño al erario con mismo patrón, según CEJ

Desde el Centro de estudios Jurídicos (CEJ) identificaron, con el seguimiento de causas de corrupción, un patrón para evitar llegar a juicio oral y público.

Según destacan en un informe detallado, los motivos de suspensión de la audiencia preliminar se pueden agrupar en tres causas principales llevadas adelante por las defensas. Primero, la interposición de recursos de reposición y apelación en subsidio. En segundo lugar, la recusación al juez Penal de Garantías. En este punto destacan que, en general, las recusaciones se interponen el día fijado para la audiencia preliminar o días antes, cuando el juez de Garantías entendió toda la etapa investigativa.

En tercer punto, colocan al cambio de abogado, solicitado por los procesados que, en general, al respecto se lee en el dossier de la CEJ que “se presentan el día fijado para la audiencia o días antes, cuando la fecha de la audiencia ya fue notificada a las partes con tiempo de anticipación”.

En este orden, la organización civil señala además la casi nula sanción de parte de los jueces ante la repetición de los recursos presentados durante todo el proceso penal. Y sugieren además de una organización que dé trámite in límine de los recursos evitando las dilaciones, que son el fin último de las defensas.

En promedio, un proceso por corrupción lleva 10 años

Proceso judicial de causas de corrupción se extiende al límite de la prescripción, según el análisis del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El CEJ determina en su estudio que la duración de los procesos de casos de corrupción pública que se encuentran en el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia es variable, y está determinada por la alta complejidad de los hechos, la cantidad de procesados, el cargo público de los involucrados, entre otros factores que surgen de la investigación y del trámite para la prosecución penal. El sistema de información estadística del sistema judicial no cuenta con un dato promedio de duración de estos procesos, de alto interés público. Las causas publicadas en el Observatorio, en su mayoría, son procesos en trámite.

Con el fin de determinar el tiempo de duración de los procesos pendientes de audiencia preliminar que se encuentran en el Observatorio, se tomó como inicio la fecha de imputación de las causas hasta el 2022.

Actualmente, una causa se encuentra en trámite (sin sentencia definitiva) desde hace 10 años; 3 causas en trámite desde hace 9 años y 8 causas en trámite desde hace 8 años.

El cómputo de la duración en años de las causas es una alerta para el cálculo de la prescripción.

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