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Jue. Nov 7th, 2024
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El Ministerio Público admitió una denuncia en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros por “un grave daño al patrimonio del Estado” valuado en aproximadamente Bs 53.990.081,60 por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I a un precio por debajo del establecido el año 2020.

De acuerdo con la denuncia divulgada por la televisora DTV, “los exservidores públicos, cuando se hallaban en el ejercicio de cargos públicos jerárquicos de gran responsabilidad emitieron el Decreto Supremo 4272 de 23/06/2020 cuya elección conllevó una mala administración de un recurso estatal tal como es el Jet Fuel A-I que fue comercializado a un precio menor al establecido en el Decreto Supremo N° 28932 de 20/11/2006”.

Con esa acción se causó “un grave daño al patrimonio del Estado valuado en aproximadamente Bs 53.990.081,60.- (Cincuenta y Tres millones novecientos noventa mil ochenta y uno 60/100 Bolivianos) por la comercialización de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I a Bs 2,77 el litro”, apunta el documento.

El Jet Fuel A- I es el combustible que se emplea en la aviación.

La denuncia está dirigida en contra de la exsenadora Jeanine Añez y sus exministros Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Yerko M. Núñez Negrette (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), Luis Fernando López Julio (Defensa), Carlos Melchor Díaz Villavicencio (Planificación) y José Luis Parada Rivero (Economía y Finanzas Públicas).

También están Víctor Hugo Zamora Castedo (Hidrocarburos), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energías), Oscar Miguel Ortiz Antelo (DesarrolloProductivo), Iván Arias Durán (Obras Públicas), Jorge Fernando Oropeza Terán (Minería), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), Oscar Bruno Mercado Céspedes (Trabajo), María Eidy Roca de Zangüesa (Salud), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Víctor Hugo Cárdenas Conde (Educación) y Beatriz Eliane Capobianco Sandoval (Desarrollo Rural).

Entre los cargos por los que se les sindica está conducta antieconómica, que es sancionada con una privación de libertad de entre tres a ocho años.

hoybolivia.com


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