Si hay muertos entre taxistas y Uber responderá el Estado

Ante las batallas campales de este fin de semana el gremio de taxistas en sus declaraciones dan la salida porque piden mayores controles en contra de este servicio – refiriéndose a Uber – que calificaron de pirata e ilegal.

¡He ahí el problema y la solución! El día en que el Ministerio de Transporte legalice las plataformas tecnológicas dejarán de ser piratas e ilegales y entrarán al maravilloso mundo de la competencia leal en donde el buen servicio, la limpieza de los vehículos, el hecho de que recojan a los pasajeros donde sea y para donde sea, además de cobrar lo permitido por la regulación, predominará entre las preferencias de los usuarios.

El Distrito se limita a solicitar a la Policía que individualicen a los agresores ante las autoridades judiciales cuando debería por vía de decreto reglamentario adoptar una decisión que regule la competencia y siente un precedente para que las otras ciudades cumplan con una atribución constitucional de darle forma a las situaciones que el derecho positivo no alcanza a configurar normativamente. Tan solo expidió la reglamentación de los taxis de lujo, que son un apéndice de los amarillos, pero se olvidó de la existencia de Uber y demás plataformas tecnológicas omitiendo la Secretaría de Movilidad convocar a todos los actores del problema para evitar la inseguridad que está generando.

También reducen las autoridades capitalinas su intervención a llamar la atención sobre la aplicación de la “justicia por su propia mano” o vías de hecho, lo que supone al decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, “un abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de la persona.”

Carlos Monsiváis en el estudio de la justicia por su propia mano patrocinado por esta Comisión, hizo un estudio sociológico sobre el alcance y el impacto que tienen los linchamientos en la sociedad, “ubicándolos como un problema de estructura moral” y concluyendo que existe una evidente dificultad para distinguir controles en la acción comunitaria.

El problema es grave y las autoridades encargadas de proscribirlo no tienen los pantalones bien puestos para adoptar la regulación que le ponga fin a esta amenaza. Por cuenta de ella, cualquiera de nosotros podemos resultar heridos o perder la vida, o nuestros hijos y familiares.

Otros estudiosos de los fenómenos de anarquía por ajusticiamientos de grupos sociales que reaccionan violentamente frente a situaciones que no son de su agrado, se preguntan si el modelo de Estado está cumpliendo sus funciones.

En el caso de la guerra del centavo por el pasajero, que hasta ahora va ganando Uber por el servicio eficaz que presta al usuario, debemos preguntarnos si los mandatarios y las autoridades cumplen o no con los deberes que les impone el mandato.

A todas luces, el Ministerio de Transporte no cumple con darles a los colombianos las alternativas para que dentro del marco de los principios de libertad de empresa, libre competencia y libertad económica trazados por el artículo 333 constitucional, se desarrollen los esfuerzos de los agentes económicos del sector del transporte rivalizando hacia la búsqueda del mercado de usuarios que exigen mejores servicios.

Si la Constitución establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, no pueden las autoridades obstruir la competencia cuando sí deben controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado.

Pero ante todo, el Estado deberá garantizar la seguridad de las personas y los bienes desde la génesis del problema para evitar muertes por cuenta del abandono de los mecanismos legales que se pueden adoptar para ofrecer la tranquilidad ciudadana requerida en un país que apenas comienza a entender el abecé de una paz duradera y estable, y de la convivencia solidaria entre los colombianos. Con esto, evitará reparar patrimonialmente a las posibles víctimas de esta contienda sinrazón.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.