Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes para superar crisis de alimentos en La Picota

Un equipo de la Defensoría del Pueblo, conformada por profesionales especializados de la Delegada para Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Bogotá, hizo presencia en el complejo carcelario y penitenciario La Picota, en el sur de la Capital, para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quienes desde el pasado lunes entraron en desobediencia pacífica y huelga de hambre para manifestar inconformidades relacionadas con sus derechos a la alimentación y la salud, entre otros.

Funcionarios de la Entidad se reunieron con los 20 representantes del Comité de Derechos Humanos, que a su vez son voceros de las 3.080 personas privadas de la libertad recluidas en la estructura del ERON (Patio 3), las cuales manifestaron deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo sus alimentos; así como retrasos en las horas de distribución de los mismos.

La población privada de la libertad pide que se realice una mesa de trabajo con el representante legal del consorcio que provee la alimentación, con el interventor del contrato, con la USPEC, el Ministerio de Justicia, el DAPRE y el INPEC, a instancias de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de buscar una solución adecuada a sus reclamos. En ese espacio, los reclusos han solicitado que la Entidad actúe como garante de los compromisos.

Gracias a la presencia de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la población privada de la libertad manifestaron que, como gesto de buena voluntad, se comprometen a suspender hasta la próxima semana la jornada de desobediencia pacífica.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, hace un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias para superar la crisis en materia de alimentación que se registra en La Picota de Bogotá. De la misma forma, aprovecha la situación para extender el llamado a los demás centros de reclusión a garantizar el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.

Finalmente, insta a las entidades responsables de la atención a las personas privadas de la libertad para entablar un diálogo con esta población y mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio de alimentación.