Gobierno de Bolivia niega persecución política contra gobernador de Santa Cruz

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, negó que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea un preso político, y afirmó tener al menos 33 elementos probatorios de que el detenido financió el golpe de Estado de 2019.

En conferencia de prensa, Del Castillo explicó que detectaron que el 12 de noviembre de 2019 Camacho hizo dos transferencias bancarias al excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, y a la vez recibió depósitos con importantes sumas de dinero de parte de sus familiares.

El funcionario presentó una gráfica para detallar el flujo financiero “del señor Luis Fernando Camacho días previos, el día del golpe de Estado y posteriores al mismo”, donde “queda claro que existieron grandes movimientos financieros detrás del golpe de Estado en nuestro país”.

“Una pequeña parte del financiamiento del golpe de Estado de 2019 fue revelado y llegó a unos 2.1 millones (de bolivianos, equivalentes a 304.000 dólares), dinero que fue movilizado hacia y desde la cuenta bancaria del excívico, su padre, José Luis Camacho, y su hermana, Rosa María, junto a otras ocho personas de su círculo cercano, están involucrados”, reiteró Del Castillo.

Tras ser aprehendido el pasado 28 de diciembre producto de una orden fiscal, Camacho fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses de prisión preventiva ante la imputación de vínculos con los hechos violentos que provocaron la salida del poder del entonces presidente Evo Morales.

Procesan a 76 personas por destrozos en Santa Cruz

El ministro de Gobernación indicó además que unas 76 personas son procesadas judicialmente acusadas por los actos violentos contra dependencias estatales en Santa Cruz, causados por partidarios del movimiento del derechista Camacho.

El funcionario detalló que hay 24 personas sentenciadas, 22 arrestados esperan audiencias cautelares, 14 tienen detención preventiva y 16 se encuentran con medidas sustitutivas.

«En total estamos hablando de 76 personas que fueron aprehendidas y arrestadas en flagrancia por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, entre otros», mencionó.

Anotó que las autoridades han incautado 10 automóviles a «grupos radicales e irregulares» que usaban para cometer esos delitos.

Como parte del recuento de los destrozos, Del Castillo dijo que 27 infraestructuras públicas y privadas fueron dañadas, 44 vehículos destruidos y 26 policías resultaron heridos.