El Ministerio Público boliviano confirmó este miércoles (28/12) la detención del político derechista Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, el más rico del país desde 2021 y fuerte opositor del actual presidente, Luis Arce.
Camacho fue trasladado a la capital del país, La Paz, luego de su detención en Santa Cruz de la Sierra.
El gobernador está siendo investigado por su presunta participación en una supuesta conspiración durante las protestas de 2019 que obligaron a renunciar al entonces presidente Evo Morales.
Morales dijo en Twitter que, después de tres años, Camacho finalmente “respondería por el golpe de estado que generó robos, persecuciones, detenciones y masacres por parte del gobierno de facto”.
El expresidente es considerado un mentor del actual presidente Arce, ambos pertenecen al partido de izquierda MAS, mientras que Camacho lidera la alianza opositora de derecha Creemos.
El equipo del gobernador Camacho emitió un comunicado diciendo que las redes sociales se utilizarán para brindar “información oficial” y comenzó a usar el hashtag #liberenaCamacho.
La prensa local reportó protestas en Santa Cruz por la detención de Camacho, lo que derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Los partidarios de Camacho describieron el arresto como un secuestro; En tanto, la Fiscalía General de Bolivia afirmó que el detenido sabía de los cargos en su contra desde hace varias semanas, según informó la prensa local.
El Departamento de Santa Cruz, sede de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada de Bolivia, es el motor económico del país. En 2020, representó alrededor del 30% del PIB boliviano (Producto Interno Bruto, o suma de bienes y servicios producidos en el país).
¿Qué pasó en 2019?
En noviembre de ese año, el entonces presidente Evo Morales pasó de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia en menos de tres semanas.
El país enfrentaba una profunda crisis política que tuvo su detonante el 20 de octubre en las elecciones presidenciales, en las que Morales esperaba ser reelegido por tercera vez.
Esa noche, el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió inesperadamente el conteo rápido con un 83% verificado y con una tendencia que apuntaba a una segunda vuelta entre el expresidente boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.
Al día siguiente se reactivó el escrutinio, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), con el 95% de los votos escrutados y con Morales ganando en la primera vuelta por estrecho margen.
Las sospechas que suscitaron los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a alegar “fraude flagrante”.
Incluso, las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron una segunda vuelta.
Pero Morales insistió en que había ganado las elecciones y, en respuesta a las protestas de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y evitar un “golpe”.
Por supuesto, también accedió a que la OEA auditara la papeleta.
La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiera ganado por el margen del 10% necesario para evitar una segunda vuelta electoral.
La organización también aseguró que encontró registros físicos con alteraciones y firmas falsificadas. En un informe de 13 páginas, la OEA señaló que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de los registros y que se manipularon los datos.
Morales respondió con un comunicado a la prensa en el que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, convocó a nuevas elecciones.
Pero a las pocas horas, y ante la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, renunció y abandonó el país.
Jeanine Áñez, abogada y miembro del entonces partido opositor Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, asumió la presidencia interina.
Un año después se convocó a elecciones y resultó electo el actual presidente, Luis Arce.
En junio de este año, Áñez fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable de los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”.
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