RÍO DE JANEIRO – Luiz Inácio Lula da Silva, quien por tercera vez tomará posesión como presidente de Brasil el 1 de enero, enfrenta dificultades para componer un gobierno apoyado por 14 partidos, sin someterse a los caprichos del Poder Legislativo.
El nuevo gobierno tendrá 37 ministerios, anunció Rui Costa, el futuro titular de la Casa Civil, especie de primer ministro. El aumento de 60 % sobre las 23 carteras actuales busca consolidar el frente amplio que aseguró el triunfo electoral de Lula en octubre, en un complejo ajedrez de enfrentados intereses partidistas, sectoriales y personales a contemplar.
Pero el mayor desafío de Lula, de izquierda moderada, es lidiar con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que acumuló tanto poder durante el gobierno saliente de Jair Bolsonaro que muchos lo consideran un primer ministro de facto.
Ese poder se basa principalmente en el manejo del llamado “presupuesto secreto”, una suma de 19 400 millones de reales (3 700 millones de dólares y 0,37 % del presupuesto total) que les toca a los legisladores del Congreso Nacional destinar a inversiones locales de su interés.
Formalmente la distribución de esos recursos queda en manos del relator de la ley del presupuesto anual, el dinero se reparte por medio de “enmiendas del relator”. Pero en realidad la decisión se concentra en la presidencia de la Cámara de Diputados.
El apodo “secreto” se debe a que queda oculto el nombre de los legisladores que patrocinan las enmiendas y también el criterio de destinación de los recursos.
Desequilibrio de poderes
Durante la campaña electoral, Lula tildó de “excrecencia política” a la usurpación, por los legisladores, de la prerrogativa de definir y ejecutar el presupuesto, que le toca al Poder Ejecutivo, según la Constitución brasileña. Y acusó al derechista Lira de actuar en ese tema como un “emperador”.
El diputado apoyaba, en ese momento, la reelección del presidente Bolsonaro, de extrema derecha. Pero rechazaba sus declaraciones golpistas y sus intentos de desacreditar el sistema electoral brasileño, basado en urnas electrónicas.
Bolsonaro abdicó de su poder sobre esa parte del presupuesto, para conquistar el apoyo de los legisladores y alejar la posibilidad de su inhabilitación política. Mas de 140 pedidos de partidos y representantes de la sociedad se acumularon en la mesa de Lira que, como presidente de la Cámara de Diputados, decide acogerlos o ignorarlos. Ignoró a todos.
Lula abandonó su condena al “presupuesto secreto” tras ser elegido, ante el riesgo de una confrontación con Lira, del cual depende, por ejemplo, la aprobación parlamentaria de una enmienda constitucional necesaria para que el nuevo gobierno mantenga o recupere programas sociales degradados bajo la presidencia de Bolsonaro.
Aumentar la Bolsa Familia, de transferencia directa a familias pobres, y el salario mínimo, restablecer los niveles anteriores de la alimentación escolar y otras políticas contra el hambre, fortalecer los servicios de salud pública y la distribución de medicamentos a los pobres son algunas de las prioridades sociales anunciadas por Lula como candidato.
La enmienda constitucional ya aprobada en el Senado autoriza el nuevo gobierno a gastar 168 000 millones de reales (32 000 millones de dólares) por encima del límite legal, el llamado “techo de gastos”, sin ser acusado de un delito fiscal que podría costarle la inhabilitación al presidente.
Su vigencia depende ahora de la ratificación por los diputados aún en este año, para que el dato sea incorporado al presupuesto gubernamental para 2023. Sin una suma adicional, Lula no podría cumplir sus promesas y tendría su gobernabilidad afectada.
Fallos judiciales “salvan” Lula
Dos fallos del Supremo Tribunal Federal (STF) sacaron el presidente electo del acorralamiento, que algunos de sus partidarios definen como “chantaje” de Lira.
Lo que trascendió es que el diputado, que mantiene la jefatura de la Cámara con mano de hierro, requería indicar el ministro de Salud para promover la aprobación legislativa de la enmienda constitucional “de transición” para el nuevo gobierno.
Pero no es necesaria tal enmienda para que el gobierno disponga de los recursos necesarios para mantener en 600 reales (115 dólares) mensuales el aporte de la Bolsa Familia, aunque su pago a 21 millones de brasileños pobres sobrepase el techo de gastos, falló el 18 de diciembre el juez Gilmar Mendes, del STF.
El techo, incluido en la Constitución en 2016, limita el presupuesto anual a la suma del año anterior corregida por la inflación.
Según Mendes, asegurar el “mínimo existencial” a la población vulnerable es deber del Estado fijado en la Constitución, por lo tanto no sujeto al “techo de gastos”, y el STF ya lo había dictaminado en un juicio de 2021.
Además, el STF condenó como inconstitucional el “presupuesto secreto” en un juicio iniciado el 7 de diciembre y concluido el 19 de diciembre.
La votación fue ajustada, seis jueces consideraron que el mecanismo viola la Constitución por crear nuevos gastos, sin criterios que los justifiquen, por decisión de unos pocos legisladores, generando desigualdad e inversiones que responden a intereses personales y electorales, no el bien público, además de carecer de transparencia.
Cinco jueces evaluaron que las enmiendas del relator del presupuesto podrían seguir vigentes, pero con reglas de transparencia y de adecuación a las prioridades del gobierno.
El fallo mayoritario consideró insuficientes las correcciones que los diputados habían aprobado los días previos, para mejorar la transparencia de las inversiones y distribuirlas entre los líderes partidarios.
Poder Ejecutivo recupera fuerzas
Las decisiones del STF cambiaron la correlación de fuerzas entre el futuro gobierno y el Congreso. Los programas sociales ya no dependen de la enmienda constitucional que se había convertido en arma del presidente de la Cámara de Diputados y el gobierno puede ahora negociar mejor donde y como invertir el llamado “presupuesto secreto”.
Pero Lira y sus diputados cercanos indican que buscarán mantener algún poder sobre esa parte del presupuesto nacional, probablemente incorporándola a las enmiendas de las comisiones temáticas, que destinan recursos a programas nacionales, como los de salud, educación o infraestructura.
El 1 de febrero asumirán la totalidad de los 513 nuevos diputados y un tercio de los 81 senadores, elegidos en octubre. Pero el reelecto Lira tendría opciones de mantenerse en la cúpula de la cámara baja, en un parlamento donde se fortaleció la derecha, otro problema para Lula, aunque se considera manejable para su gobierno.
Lula enfrenta además otras dificultades para conciliar todos los intereses en la formación de su gobierno, en el abanico de 14 partidos que conformaron su alianza electoral, para asegurar mayoría parlamentaria y gobernabilidad a la nueva gestión.
Las negociaciones con el presidente de la Cámara, de quien dependen el presupuesto y los gastos sociales, retrasaron la designación de los ministros.
Lula anunció los cinco primeros ministros el 8 de diciembre, todos hombres blancos, hecho que generó críticas. Cinco días después se conoció que la cantante negra Margareth Menezes será la ministra de Cultura, poco aún para un gobierno que prometió mayor participación femenina y negra en el poder.
En la economía, Lula eligió el exalcalde de São Paulo y candidato presidencial derrotado en 2018, Fernando Haddad, mal acogido por los agentes del mercado que esperaban un economista ortodoxo que priorizase la responsabilidad fiscal. Haddad es abogado y profesor de ciencias políticas en la Universidad de São Paulo.
De todas formas, el Ministerio de Economía será dividido en por lo menos tres carteras, la de Hacienda, encabezada por Haddad, la de Planificación y otra dedicada a Industria y Comercio.
Serán dos semanas de intensas articulaciones para componer un gobierno que se espera sea de pacificación nacional y de reconstrucción del Estado, degradado en muchos sectores, como el cultural, el ambiental, el educacional y el de relaciones exteriores, además de la atención a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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