Dina Boluarte asume el poder y evita una dictadura en Perú

El autogolpe de Pedro Castillo generó una crisis similar a la protagonizada por Alberto Fujimori en 1992, pero tuvo un resultado muy distinto.

La abogada izquierdista Dina Boluarte juró este 7 de diciembre de 2022 ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asume «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026″, cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

«Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros», sostuvo antes de afirmar que «se ha producido un intento de golpe de Estado promovido» por Castillo.

Invocó, por ese motivo, a «un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas» nacionales y solicitó una tregua política para poder combatir a la corrupción.

A la ceremonia, celebrada en el hemiciclo legislativo, acudieron congresistas y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron ovacionados por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional en el país.

Previamente, el presidente del Legislativo, José Williams, informó que, a partir de la destitución de Castillo, se activaba la sucesión presidencial y convocó a una sesión del Pleno para que Boluarte jurara como la primera mujer en asumir la presidencia peruana en 200 años de vida republicana del país.

Al inicio de esa ceremonia, y de acuerdo con el protocolo, Williams recibió la banda presidencial por unos minutos y luego invitó a Boluarte a ingresar al hemiciclo para jurar al cargo.

El autogolpe

Castillo puso fin a su turbulento mandato al dictar un extemporáneo cierre del Congreso, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado, horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.

Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo comenzó la jornada con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.

«Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo en el mensaje en el que pidió «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses».

También ordenó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización el “sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”.

Minutos después, su propio Gobierno le dio la espalda. El primero fue el canciller, César Landa, quien presentó su renuncia y pidió ayuda a la comunidad internacional para frenar las intenciones de Castillo. Esto desató una cadena de renuncias de ministros. Luego, la vicepresidenta y nueva jefa de Estado, Dina Boluarte, denunció que el movimiento de Castillo era un golpe de Estado.

La destitución

Lejos de amedrentarse, el Congreso de Perú cerró las puertas del Palacio Legislativo y, ante la impasividad de policías y militares que nunca abandonaron sus cuarteles o comisarías, adelantó el voto de la moción de vacancia (destitución).

Los congresistas coincidieron al calificar como un golpe de Estado la decisión de Castillo y modificaron la idea inicial de la moción de vacancia por «permanente incapacidad moral», debido a las diferentes investigaciones abiertas contra Castillo por corrupción, al señalarlo directamente por golpe de Estado.

En esas circunstancias, 101 de los 130 congresistas votaron a favor de destituir a Castillo que, en paralelo, abandonó casi en secreto y por la puerta de atrás el Palacio de Gobierno.

Tras la contundente votación, Castillo fue detenido en un confuso hecho que circuló ampliamente por las redes sociales. Rodeado por su escolta presidencial, se hizo público que había sido destituido y los policías que lo resguardaban lo detuvieron y lo trasladaron a la prefectura de Lima.

La movida ‘Fujimori’, pero con un final distinto

La decisión adoptada por el destituido presidente, Pedro Castillo, de cerrar el Parlamento y convocar un “Gobierno nacional de emergencia” recordó inevitablemente lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori anunció en un mensaje a la nación la disolución del Congreso y la toma bajo su control de todos los poderes del Estado.

El denominado “autogolpe de Fujimori”, que estuvo avalado por las Fuerzas Armadas, supuso un quiebre en el orden constitucional del país, algo que se repitió, 30 años después, en opinión tanto de legisladores opositores como de parlamentarios que hasta ayer apoyaron al Gobierno de Castillo.

«Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales», aseguró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación respaldó habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.

«Es claramente un golpe al estilo del 92«, comentó en referencia a la acción de Fujimori, que gobernó Perú en el periodo 1990-2000 y actualmente cumple condena en prisión.

Pero a diferencia de lo que sucedió entonces, cuando los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso de la República, el Palacio de Justicia y los principales edificios institucionales y los militares arrestaban a dirigentes opositores, en esta ocasión, las Fuerzas Armadas dieron la espalda a Castillo.

Cumbre de Alianza del Pacífico pospuesta

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este 7 de diciembre de 2022 el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el 14 de diciembre en Lima, por «los últimos acontecimientos» en Perú, en referencia a la destitución del presidente Pedro Castillo, aprobada por amplia mayoría por el Congreso, tras haber dictado su disolución. Así lo indicó Ebrard en un tuit en el que evita valorar lo sucedido en Perú, pese a que la decisión de Castillo fue mayoritariamente considerada como un golpe de Estado. México debe entregar la presidencia temporal del bloque comercial a Perú.