Pueblos de la región amazónica advirtieron al gobierno, la policía y la justicia, que si no expulsan a los avasalladores de tierras llegados de otras regiones, ellos los echarán por la fuerza.
Los dirigentes de la Central Inter Étnica de Ascensión, de Pueblos Nativos Guarayos del departamento de Santa Cruz, tuvieron una asamblea y decidieron dar dos días de plazo al gobierno para que retire a los invasores.
Los invasores son grupos que el expresidente Evo Morales llama “interculturales”, es decir pueblos migrantes, que tienen la misión de tomar tierras, de propiedad privada o del Estado, incendiarlas, y luego habilitarlas para el cultivo de la coca.
Hasta ahora este método ha sido exitoso, sobre todo porque cuenta con la solidaridad o la inoperancia de la policía, pero sobre todo porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) concede a los asaltantes la propiedad legal de la tierra.
Un grupo de esos avasalladores asaltó y secuestró a dirigentes indígenas y periodistas el octubre e 2021, pero la justicia, controlada totalmente por el gobierno, puso en libertad a los responsables.
Según el matutino Los Tiempos de Cochabamba, “la corrupción y la falta de institucionalidad del Estado caracterizan a la administración de tierras fiscales en Bolivia, de acuerdo al Informe 2021 sobre el Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, difundido por el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)”.
“En el caso de Bolivia, la autora del reporte, investigadora de la Fundación Tierra, Martha Mamani, resaltó el alto nivel de conflictividad en el acceso a tierras en el país, como “avasallamientos, despojo, disputa y tráfico de tierra, en los que predomina la corrupción y peculiarmente la violencia armada”.
Los organismos del Estado, dice la autora, perdieron “su capacidad de intervención en estos casos. Algunos funcionarios públicos, a cambio de sobornos, se han involucrado en la entrega arbitraria de tierras a comunidades campesinas como a empresarios”.
En los últimos días, los grupos armados decidieron asaltar predios privados en Santa Cruz de la Sierra, en la propia área urbana, donde invadieron la propiedad de la familia Kim, destruyeron la maquinaria agrícola e incendiaron las instalaciones.
El proyecto tiene algunos años y consiste en avanzar con los cultivos de coca a través del departamento de Santa Cruz, en una especie de corredor, hasta la frontera sur con Brasil, el país con el mayor consumo de cocaína de las Américas.
El diario O Globo de Brasil dijo la semana pasada que el jefe del Primer Comando da Capital (PCC), el mayor cártel de la droga de ese país, Gilberto Aparecido dos Santos, “Fuminho”, vive y opera en Bolivia. O Estado de Sao Paulo había dicho que el PCC tiene cultivos de coca y fábricas en territorio boliviano.
En este momento se registran 1.132 focos de incendios en los bosques bolivianos, dice el director nacional de Bomberos, Jorge Ríos.
Los parques nacionales han sido invadidos por los cocaleros y luego se han instalado modernas fábricas de cocaína.
Durante el año 2021 en Bolivia se registraron 30.500 hectáreas de coca, 4% más respecto al año anterior, informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través de su representante en Bolivia, Troels Vester, quien reveló la expansión de cultivos de la hoja en cuatro áreas supuestamente protegidas por el Estado boliviano.
Morales defiende a estos grupos con el argumento de que son pueblos originarios de tierras altas que desean dedicarse a la agricultura. Pero los indígenas afectados dicen que ellos tienen prioridad en la concesión de las tierras fiscales por parte del Estado.
Hasta ahora no se había dado el caso de indígenas amazónicos que exijan la expulsión de los invasores llegados de otras regiones del país.
Por Humberto Vacaflor Ganam
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