En medio de la creciente polémica por la aparición de comisarías ilegales en Occidente, el régimen de Beijing avanza sobre los ciudadanos exiliados, a los que persigue y presiona para que regresen al país.
No es una novedad que Xi Jinping busca tener el control absoluto sobre su territorio. Sin embargo, ya no le alcanza sólo con ello; ahora, va por más, fronteras afuera.
A raíz de la fuerte represión de Beijing y la censura con la que oprime a los ciudadanos, muchos chinos han decidido -o se han visto obligados- a exiliarse. También, muchos decidieron abandonar su tierra tras ser perseguidos por el régimen, en muchos casos, bajo falsas acusaciones.
Uno de los argumentos preferidos de Beijing para avabzar en su cacería de disidentes es acusarlos de diversos crímenes en el ámbito de las telecomunicaciones, fraudes contra la población china que se realizarían incluso desde el extranjero. El objetivo de sus campañas es erradicar este problema -al cual consideran una epidemia- y recuperar el dinero fruto de dichos delitos.
Para intensificar su política, el pasado 2 de septiembre, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional -el máximo órgano del Legislativo chino- aprobó la Ley contra el Fraude en Internet y las Telecomunicaciones, que entrará en vigencia el próximo 1° de diciembre.
Esta ley será aplicable tanto dentro del país como en el exterior y, si bien a simple vista parece apuntar únicamente contra los delincuentes que incumplen con las normas, en realidad, debe ser evaluada en línea con el accionar del régimen. En definitiva, es un segundo capítulo o un refuerzo de la llamada “Caza de zorros”, el nombre de la campaña impulsada por Xi Jinping para devolver a disidentes en todo el mundo al país, con la excusa de que enfrenten un proceso judicial por sus delitos. Las autoridades locales festejan esta iniciativa y sus resultados, tal como afirmó el 14 de abril el viceministro de Seguridad Pública, Du Hangwei, quien aseguró que “hemos convencido a 210.000 personas para que vuelvan en el último año”.
Sin embargo, la ONG española SafeGuard Defenders denunció en un informe que la campaña tiene por objetivo real perseguir a opositores chinos exiliados. Para ello, emplean una serie de métodos que derivan en estos retornos involuntarios, y van desde hostigamiento hacia la familia del apuntado -junto con detenciones y encarcelamientos- hasta intimidaciones al sujeto en cuestión.
A fin de poder llevar a cabo su acoso, el régimen ha desplegado lo que se conocen como comisarías clandestinas en más de 38 países de los cinco continentes, sin el consentimiento ni tampoco el previo conocimiento de las autoridades locales. “China es un país de espías”, declaró tiempo atrás Nigel Inkster, exdirector de Operaciones de Inteligencia del Servicio Secreto del Reino Unido.
En su fachada, estas locaciones parecen simples edificios donde, según funcionarios chinos, se brinda asistencia a sus ciudadanos en el exterior en gestiones como la renovación de la licencia de conducir. Incluso, explicaron que su trabajo se vio intensificado durante el período de confinamiento por el coronavirus, cuando muchas personas no podían regresar a sus hogares por las prohibiciones de viaje o el alto precio de los pasajes.
No obstante, estas sedes son, en la práctica, el centro de operaciones de los oficiales autores de dichos retornos involuntarios. Perseguidos chinos han denunciado llamadas de hostigamiento provenientes de estas direcciones y visitas en persona de los enviados.
Por otro lado, en el marco de su iniciativa, China estableció también nueve países a los cuales identifica como relacionados al fraude y donde los ciudadanos chinos no pueden permanecer “sin una razón” que lo justifique y tampoco viajar libremente. Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Myanmar, Tailandia, Malasia, Laos, Camboya, Filipinas e Indonesia son las naciones señaladas y víctimas, también, de estas presiones por parte de Beijing.
Según señaló el 17 de septiembre del 2021 el director de la Oficina de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad Pública, Liu Zhongyi, 54.000 sospechosos de fraude -no acusados formalmente- fueron convencidos de regresar del norte de Myanmar en los nueve meses de ese año.
Pero lo que omite mencionar es que para conseguir que estas personas que “ilegalmente” permanecían en el país regresaran a su tierra se amenazó con suprimir los subsidios a sus familiares, prohibir el ingreso de sus hijos en escuelas y hasta se intentó obligar a su círculo a desalojar sus viviendas -supuestamente adquiridas con dinero ilícito- para ser subastadas o demolidas. Otras advertencias incluyeron también controles, restricciones y congelamiento de las cuentas bancarias de sus allegados, y hasta la identificación con aérosol de sus casas con la inscripción de “Casa de Fraude”.
Como señala la ONG en su informe, omitir las garantías procesales o la consideración de inocencia de los acusados, señalando como “culpables por asociación” o responsabilizando de “daños colaterales” a sus hijos y familiares es, en realidad, lo que “se está convirtiendo en un problema endémico”.
Frente a este escenario, entonces, cabe analizar un punto de la ley que próximamente entrará en vigencia, que establece la extraterritorialidad. Esto permite a las autoridades de Beijing perseguir a organizaciones o personas en el extreanjero que cometan los fraudes comprendidos en la norma.
A su vez, la policía obtiene la potestad de prohibir a los condenados que salgan del país de seis meses a tres años después de haber cumplido con sus sentencias.
En vistas de todo esto, entonces, la nueva ley se ve como una pantalla del régimen para intensificar sus maniobras y conseguir sus objetivos en el exterior.
La respuesta del mundo, la barrera de Xi
Xi Jinping podrá tener el control absoluto al interior de su país y dentro del Partido Comunista (PCCh). Sin embargo, en el mundo rigen otras reglas que distan ampliamente de sus lineamientos.
Así, por más que la ley establezca “mecanismos de enlace de trabajo rápido” con otras naciones, nada garantiza esta cooperación.
Resulta de poco agrado para mandatarios conocer que existe un sistema clandestino de seguridad chino en sus países que atenta contra su integridad territorial y viola las leyes internacionales. A esto hay que sumar la falta de garantías sobre el respeto de los derechos humanos y los abusos por parte del régimen, fuertemente condenados por múltiples países.
Con el reciente antecedente de un bloqueo por parte de un tribunal de la Unión Europea a la extradición de un taiwanés en Polonia acusado de fraude -a pesar del Acuerdo de Cooperación de Justicia Penal vigente- será crucial, entonces, evaluar la respuesta del mundo ante el avance de China con esta legislación.
Muchos creen que este hecho podría volverse cada vez más habitual, en el inicio del fin de la cooperación en esta materia entre Europa y China.
Por Inés Ehulech
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