Bukele dice organismos que bloquean trabajo contra pandillas

El Salvador se ha negado a rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las detenciones ilegales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este 9 de noviembre de 2022 que organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «tratan de bloquear» el trabajo del Gobierno contra las pandillas.

«Es increíble que mucha de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido, incluso, de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas», dijo el mandatario durante un evento de donación de quintales de harina de trigo por parte del Gobierno de China.

Bukele señaló que «hace poco» le comunicaron sobre «una acción que quiere tomar la CIDH en El Salvador por el combate a las pandillas».

«Yo me pregunto: ¿qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando al pueblo salvadoreño?, ¿por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño?», cuestionó.

El mandatario apuntó que «pareciera que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, de las personas, cuyos derechos no deben de estar restringidos, se pronuncian que estamos violando los derechos humanos».

Sin rendir cuentas

El pasado 25 de octubre, el Estado de El Salvador se negó a rendir cuentas ante la CIDH sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente.

«La CIDH lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador pese a que fue oportunamente notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación», dijo al inicio de la audiencia Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora de país para El Salvador.

Bukele también aseguró que «no se está manipulando la cifra de los homicidios», en referencia a la disminución de asesinatos que se registran en el país.

La situación

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales, desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas.

Esta medida, a la que el Gobierno llama «guerra contra las pandillas», se ha prorrogado siete veces y ha dejado más de 57.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas bandas detenidos.