“Esos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el Gobierno y contra todos ustedes los ciudadanos”, dijo Lasso.
Desde la madrugada del martes, varias ciudades de Ecuador han estado en vilo debido a una ola de atentados que ha causado zozobra en la población.
Las urbes más azotadas han sido Guayaquil y Esmeraldas, en las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, donde el martes hubo alrededor de 18 atentados, incluyendo explosiones con coches bombas en distintos lugares, principalmente en exteriores de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y en gasolineras.
Las autoridades dieron a conocer algunos de los ataques registrados en Guayaquil, entre ellos:
- Explosión de un vehículo en una gasolinera en la avenida Daule.
- Explosión de un auto cerca de la UPC de la Alborada.
- Detonación de un artefacto explosivo en la gasolinera Terpel.
- Atentados contra las UPC Diamante, Guamote, Socio Vivienda, Orquídeas y Villa Bonita.
- Detonación de coche bomba en la terminal terrestre de la parroquia de Pascuales.
- Ataque al centro de salud en Bastión Popular.
En Esmeraldas, por su parte, se registró el incendio de dos vehículos, uno de ellos en las inmediaciones de una gasolinera, así como varias detonaciones en la UPC del sector La Guacharaca.
En esa urbe también se encontró un artefacto explosivo, que no llegó a detonar, en el sector Potosí; y hubo disparos a otra gasolinera. A esto se le suma que reos de la cárcel de Esmeraldas tomaron como rehenes a siete guías penitenciarios.
Atentados en Santo Domingo
Pero la violencia se trasladó también a la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esa urbe hubo tres atentados con coche bomba, todos en gasolineras. El primero se registró alrededor de las 18:00 en una estación de servicio ubicada en la ruta Santo Domingo-Quito, luego de que dos hombres descendieran de un automóvil mientras se incendiaba y huyeran en motocicletas.
El segundo fue alrededor de las 21:00 en una gasolinera en la vía Santo Domingo–Quinindé; mientras que el tercero se produjo cerca de las 23:00, cuando un auto estacionado en el baipás Quito–Quevedo explotó junto a una de las estaciones de despacho de combustible.
Amenazas el miércoles
La mañana de este miércoles, el Complejo Judicial de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, al centro del país, fue evacuado por una amenaza de bomba.
Asimismo, policías de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Los Esteros, en el sur de Guayaquil, encontraron artefactos explosivos; tras la verificación hicieron una detonación controlada.
Además, sujetos desconocidos dejaron un aparente artefacto explosivo en los exteriores de la Delegación 7 de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en Durán, ciudad vecina a Guayaquil.
Cinco policías asesinados
En la madrugada del martes, en Guayaquil, un carro patrullero que se encontraban entre las calles 17 y Cuenca fue atacado por presuntos delincuentes con armas de fuego, lo que causó la muerte de dos agentes, identificados como Félix Eduardo Contreras Montoya y Rommel Estalyn Chunata Martínez.
Más tarde, en la ciudad de Durán, dos policías fueron asesinados, luego de que personas armadas dispararan contra el patrullero en el que se encontraban en las calles 17 de Octubre y Ambato.
Asimismo, un policía fue asesinado dentro de una UPC ubicada entre las calles 14 y Pedro Pablo Gómez, suroeste de Guayaquil, cuando personas armadas dispararon contra la unidad policial.
Estos tres policías asesinados en Durán y Guayaquil fueron identificados como el sargento Hugo Vicente Dávila Neira y los cabos Jimmy Robert Sarango Agreda y Marlon Alberto Iza Palma.
Además, de acuerdo con la Policía, otros cinco agentes resultaron heridos en diferentes hechos durante la sangrienta jornada del martes.
Allanamientos, detenciones y decomisos
Ante estos acontecimientos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó estado de excepción “por grave conmoción interna” en las provincias de Guayas y Esmeraldas, por un lapso de 45 días. La medida incluye un toque de queda que rige cada día desde las 21:00 hasta las 05:00.
El ministro del Interior, Juan Zapata, informó la noche del martes que, ante los hechos registrados, se realizaron varios allanamientos que derivaron en la detención de 28 personas.
También se decomisaron ocho armas de fuego, 227 municiones, tres fusiles, 13 celulares, 600 sobres de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), 60 cápsulas detonantes y ocho barras de dinamita.
Indicó que, además, en el cantón Piñas de la provincia de El Oro, vecina de Guayas, se detuvo a un camión que transportaba 16.416 tacos de explosivos, 1.200 tacos de dinamita, 150.000 cápsulas detonantes; material proveniente de una fábrica de Perú. Aquí hubo otros dos detenidos.
En Santo Domingo, durante un operativo realizado al final de la noche del martes, se paralizó un vehículo en el sector Orangine, en el que encontraron 108 fusiles de largo alcance. Las personas que iban a bordo del auto fueron detenidas.
La motivación
De acuerdo con Lasso, estos actos son cometidos por presuntos delincuentes asociados al crimen organizado transnacional, que estaría combatiendo su gobierno.
“Esos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el Gobierno y contra todos ustedes los ciudadanos”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.
Insistió, como ha dicho en otras oportunidades, que antes de su administración “la narcodelincuencia vivía en un paraíso” dentro de Ecuador, pero hoy “se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”.
“Se están quedado sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo”, añadió.
En las redes sociales circularon varios videos durante el martes, atribuidos a presuntos miembros de la delincuencia organizada en el país.
Uno de ellos sería de los reos que tomaron como rehenes a los guías penitenciarios en la cárcel de Esmeraldas, en el que le envían un mensaje a Lasso y se quejan por los traslados que realiza el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 1 o Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
“Señor presidente, ya depure ese gabinete que tiene, ese gabinete corrupto de ministros, ese director del SNAI”, le piden a Lasso. Señalan que el titular del SNAI, Guillermo Rodríguez, se habría reunido con algunos líderes de bandas criminales para recibir un millón de dólares, con el supuesto objetivo de “vender el pabellón 8 y 9” de la Penitenciaría del Litoral, donde se encuentran recluidos los integrantes de los grupos conocidos como los Lobos y Tiguerones, lo que implica su traslado.
“Apenas ustedes se activen en el pabellón 8 y 9 con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos […] Ya basta de tanta corrupción, si quieren guerra, guerra van a tener“, amenazaron.
En otro video, hombres encapuchados, supuestamente integrantes del grupo delictivo ‘Chone Killers’, amenazaron con atentar contra “inocentes” si no regresan al pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral a los reos que fueron trasladados a otras cárceles del país.
“Señor director del SNAI y señores de la Policía, este es el último llamado que se les hace para que regresen a nuestra gente del pabellón 2, son ustedes responsables de la muerte de personas inocentes, policías, funcionarios del SNAI, señores guías y familiares de policías, y de mucha gente inocente”, lee uno de los encapuchados, que se encuentra con otros tres individuos, todos armados.
El presunto delincuente amenaza con comenzar a poner bombas en “donde haya bastante tráfico de personas inocentes”, como terminales, puentes o gasolineras, entre otros lugares.
Al igual que los reos de la cárcel de Esmeraldas, estos armados acusan a Rodríguez de “estar vendiendo” su pabellón en la cárcel.
Según información del SNAI, los traslados desde la Penitenciaría del Litoral hacia otras cárceles del país obedecen a “efectos de reparaciones en pabellones”, así como para “precautelar la seguridad de personas privadas de libertad, servidores, y evitar actos que vulneren las normativas y actividades del centro”.
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