Gobierno e indígenas acordaron mantener subsidio generalizado a los combustibles, pero excluir a grandes industrias y sectores de altos ingresos

Se prohíbe la liberalización de precios del diésel y la extra. Todavía no hay un mecanismo para cobrar precios diferenciados a los «más ricos». Existen desacuerdos para un sistema de bandas. 

Luego del trabajo de la mesa No 1, dentro de los diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena, y de una comisión técnica que se reunió 12 veces entre agosto y octubre de 2022, ambas partes acordaron mantener el subsidio general y prohibir la liberalización de precios del diésel y la gasolina extra en Ecuador.

De ese subsidio general serán excluidos, según los acuerdos alcanzados, ciertos sectores de altos ingresos, con vehículos de cierto cilindraje sin usos productivos, entre otros aspectos. Pero, al prohibirse la liberalización de precios, se propone en su lugar un sistema de bandas, con precios mínimos y máximos.

En este punto del sistema de bandas se registra uno de los grandes desacuerdos que deja el proceso de diálogo impulsado luego del paro violento de junio de 2022. Además, el movimiento indígena propuso incluso impuestos adicionales sobre el valor del combustible consumido por los sectores excluidos del subsidio.

Otro de los más importantes desacuerdos tiene que ver con que no reciban subsidio sectores como el atunero, el camaronero y el de la generación termoeléctrica.

Además, el movimiento indígena pide precios más bajos a los actuales de diésel y extra para lo que denominan la economía social y comunitaria, relacionada con los pequeños productores del agro, entre otros.

En este último aspecto, y en los mecanismos concretos para cobrar diferentes precios a los excluidos del subsidio y al resto de la población, Gobierno y dirigencia indígena tampoco llegaron a acuerdos.

Sin embargo, técnicos de Petroecuador y el Servicio de Rentas Internas (SRI) aseguran que hay varias opciones en análisis para poner en marcha sistemas tecnológicos que permitan cruzar datos de impuestos, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre otras dependencias públicas, para que en las estaciones de servicio se cobre automáticamente los precios diferenciados.

Esas soluciones tecnológicas no son de inmediata implementación porque dentro de la ecuación todavía está por verse cómo se manejarán los precios de los combustibles con el sector del transporte pesado, por ejemplo. En la última semana, el Gobierno anunció que reanudará mesas de diálogo directo con ese sector específico.

¿Quiénes serían los excluidos del subsidio general?

Según los acuerdos entre el Gobierno y movimiento indígena, se establecen cinco criterios para los que serían excluidos del subsidio:

1.- El cilindraje del automotor: No recibirán subsidio los vehículos con cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos (cc), Camionetas con cilindraje mayor a 3. 001 cc, Jeep con cilindraje mayor a 2.401 cc y motos con cilindraje mayor a 301 cc.

2.- Número de vehículos en propiedad: Tampoco recibirán el subsidio las personas naturales o jurídicas que sean propietarios de 3 o más vehículos. Pero se excluyen a los siguientes autos con fines productivos: motos, camiones, volquetas, ómnibus, tráiler, tanquero.

3.- Tipo de propietario: Asimismo se excluye a los vehículos de propiedad de ONGs, misiones internacionales, organismos internacionales y cuerpos diplomáticos.

4.- Los vehículos cuyos propietarios tengan un ingreso igual o superior a $41.603,01, es decir, más de $3.466 mensuales. El nivel de ingresos se determinará con base en la declaración del impuesto a la renta de personas naturales.

5- Vehículos no matriculados: Aunque en primera instancia no perderán el beneficio del subsidio, se establecerá un plazo de un año para que se formalicen los vehículos no matriculados. Si luego de ese periodo, no se formalizan, ahí sí se perderá ese beneficio.

Se delegará a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para que realice el plan de formalización, el cual deberá contemplar: Plazo para formalización que será de un año y las facilidades de pago (condonación, planes de pago, entre otras).

Durante ese tiempo, no se excluirá del subsidio por no estar matriculados. Se recomienda que el Gobierno envíe un proyecto de Ley Emergente a la Asamblea Nacional, para instrumentar la condonación.

Otros acuerdos alcanzados

1.- Incorporar en la política de producción y derivados de hidrocarburos criterios favorables a la salud y el medioambiente, incluyendo la normativa de calidad EURO 5 en los productos empleados en la industria del transporte.

2.- Mantener sin ningún tipo de cambios el subsidio del gas de uso doméstico.

3.- Destinar los excedentes, como resultado de las exclusiones al subsidio general a los combustibles, a gasto social en educación intercultural bilingüe, escuelas de zonas rurales, barrios urbanos marginales, salud (específicamente desnutrición crónica infantil en los territorios de mayor incidencia).

¿En qué consiste el sistema de bandas en donde no hubo acuerdo?

Actualmente, luego del decreto ejecutivo 467, emitido el 1 de julio de 2022, el precio del diésel quedó congelado en $1,75 por galón; mientras el precio de la gasolina extra y ecopaís se estableció en $2,40 por galón.

Según el movimiento indígena, para los sectores excluidos del subsidio general, se debería establecer un sistema de bandas con un precio mínimo de 1,90 y un máximo de $1,95 por galón para el diésel. En el caso de la gasolina extra y ecopaís, el precio mínimo sería de $2,55 y el máximo llegaría a $2,60 por galón.

Además, se propuso cobrar valores adicionales de acuerdo con el nivel de ingresos en base a un impuesto que «desincentive el uso de combustibles fósiles».

Para un sector llamado ‘Premium’, que sería el de mayor pago de impuesto a la renta, se cobraría un adicional equivalente al 110% del valor del costo de producción del galón producido por Petroecuador.

Para el segundo grupo con mayor pago de impuesto a la renta, el recargo sería equivalente al 75% del valor del costo de producción del galón producido por Petroecuador.

Por su parte, la propuesta del Gobierno estuvo en la línea de no incluir ese tipo de impuestos, pero si establecer techos más altos. Así, el diésel tendría un precio mínimo de $1.90 y un máximo de $3,56 por galón; mientras que para la extra y ecopaís, el precio mínimo sería de $2,55 y un máximo de $3,23 por galón.

El movimiento indígena consideró que la opción gubernamental «castiga indiscriminadamente a los sectores de ingresos medios».

Más subsidio para economía social y comunitaria

Gobierno y movimiento indígena tampoco llegaron a acuerdo para incrementar el subsidio a los combustibles para sectores de la economía social y comunitaria. Estos sectores incluyen a pequeños y medianos agricultores; pequeños pescadores; maquinarias y motores agrícolas, incluyendo maquinaria auxiliar para agricultura; transporte comunitario; moto taxi y transporte fluvial a comunidades.

La propuesta indígena es que el precio del diésel se establezca en $1,50 por galón, es decir, $0,25 menos por galón que los actuales precios oficiales. En el caso de la gasolina extra y ecopaís, el precio con mayor subsidio sería de $2,10 por galón, lo que implica $0,3 menos por galón con respecto a los niveles vigentes

El problema del subsidio a grandes industrias

De acuerdo con el movimiento indígena, Petroecuador podría generar un ahorro de $637 millones si cobra precios diferenciados, fuera del subsidio general, a las que denomina grandes empresas. Si se suma a los sectores como el atunero y camaronero, el ahorro sería de $1.192 millones.

La propuesta indígena rechaza que el sector camaronero ecuatoriano, que se ha posicionado como el segundo exportador a nivel mundial, reciba combustible subsidiado durante los últimos 17 años. Sin embargo, se hace una diferenciación y consideran que el 80% de los productores, con hasta 75 hectáreas, podría seguir con el beneficio; pero el 20% restante, que sería el de los grandes productores, podría asumir un mayor costo porque tiene tasas de crecimiento entre 2000 y 2020 que llegan a duplicar los niveles de crecimiento de China.

En el caso de los atuneros, el movimiento indígena es más duro en sus críticas. Así, en el acta final dejaron constancia que, según datos proporcionados por el propio Gobierno, el sector está controlado por 22 familias que se benefician de los precios diferenciados de los combustibles con 109 embarcaciones. Además, existen empresas que poseen hasta trece barcos valorados en millones de dólares cada uno y algunas poseen activos por un valor cercano a los $400 millones de dólares.

«Entre los poseedores de barcos atuneros están connotados políticos de diversas tendencias. Si el sector de los pequeños productores del campo y el mar tuvieran el mismo apoyo también serían exportadores de clase mundial. Bajo estas consideraciones se deberá excluir del beneficio de los precios diferenciados a toda la flota atunera cuyas embarcaciones son iguales o mayores a 200 toneladas de carga», aseguran los representantes del movimiento indígena.

Finalmente, las grandes empresas cuestionadas, y que reciben subsidio a los combustibles, se completa con las termoeléctricas que tienen capitales privados: Electroguayas, Central Gualberto Hernán y Generadora Rocafuerte.

También se incluyen a industrias dentro del sector cementero como Unacem Ecuador (capital peruano) y a los cruceros transoceánicos.

El movimiento indígena denunció, y está consignado en el acta final, que el Ministerio de Turismo solicitó al Ministerio de Energía el 21 de junio 2022, en medio del Paro Nacional, que se otorguen precios de diferenciados de los combustibles a cruceros que consumen hasta 8.000 galones semanales de combustible, «mientras -al mismo tiempo- a las organizaciones sociales les eran negadas sus demandas».

En el caso de los sectores atuneros y camaroneros, el Gobierno argumentó que cualquier cambio se debe realizar luego de mesas técnicas con representantes de estas actividades. Además, durante su última entrevista con el periodista Carlos Vera, el presidente de la República, Guillermo Lasso, puntualizó que cualquier plan para ir desmontando poco a poco el subsidio a esas grandes industrias de exportación se debe hacer «con tino e inteligencia».

DATO. – El acta, con los acuerdos y desacuerdos alcanzados, fue firmada por Arawi Guanotuña, representante de la Conaie; Henry Llanes, representante de la Fenocin; Enrique Guashca, representante de la Feine; Dario Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas.