El relator especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos, el chileno Marcos Orellana, abogó este viernes por los derechos de las comunidades en Paraguay, en particular de indígenas y campesinos, frente a la amenaza que supone el uso de sustancias tóxicas.
En un comunicado sobre la visita que inició el pasado 3 de septiembre al país por invitación del Gobierno, Orellana celebró que Paraguay haya ratificado todos los acuerdos internacionales sobre químicos y desechos, entre ellos los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata, y observó que tiene “una buena base de leyes ambientales”.
“Sin embargo -agregó-, la gran mayoría no se cumplen”.
En el documento, de seis páginas y que leyó en una conferencia de prensa, Orellana consideró que el país tiene la oportunidad de afrontar estos problemas “de manera decidida y estructural”.
Advirtió que, de no hacerlo, “corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadenas de suministro respetuosas del medioambiente y los derechos humanos”.
PESTICIDAS, UN DESAFÍO
Orellana señaló los pesticidas o plagicidas como “uno de los principales desafíos ambientales y de derechos humanos” del país, y tildó de “preocupante” la “influencia indebida” de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos.
Mencionó que en Paraguay se vierte un promedio anual de 4,25 litros por hectárea de pesticidas, dato que consideró “aún más escalofriante” si se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat, este último prohibido por la Unión Europea desde 2007 y por Suiza desde 1989.
“El uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos de Paraguay ha creado una situación insostenible para comunidades que ya se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad”, apuntó.
El relator señaló que las comunidades han normalizado daños como los dolores de cabeza y las náuseas mientras el sistema de salud no registra estos casos como exposición por plaguicidas.
“Existe un patrón en Paraguay en el que los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, se encuentran arrinconados por cultivos dependientes de agrotóxicos”, lamentó.
El funcionario alertó sobre el limitado grado de protección de la salud humana y de los ecosistemas; la falta de generación y diseminación de información ambiental y epidemiológica; de la impunidad de las empresas frente a los abusos de derechos humanos; y los obstáculos sistémicos al acceso a la justicia.
“Atravesando todos estos problemas, se encuentra la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental”, sostuvo.
RESIDUOS PELIGROSOS, DEFORESTACIÓN Y MINERÍA
Además, reveló que pese a la aprobación, en 2004, de una ley conocida como Deforestación ‘cero’, los mapeos satelitales muestran que de 2006 a 2016 se deforestó un promedio 60 hectáreas por día, fenómeno que se dio “en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente” durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
Por otro lado, expresó su preocupación porque el país “no cuente con una definición ni clasificación de los residuos peligrosos, ni con reportes reales de generación de residuos peligrosos”.
En específico, afirmó que en 2017 la Universidad Nacional de Asunción detectó éter metiltert-butílico (MTBE) -usado como oxigenante en la gasolina- en un acuífero que surte a los aproximadamente tres millones de habitantes del área metropolitana de Asunción, y reclamó “medidas urgentes” para evitar la contaminación con esa sustancia.
También expuso los “graves impactos” que causa el uso de mercurio y cianuro en la minería aurífera en el distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guirá (sur), donde, afirmó, “se han revelado altos niveles de contaminación por mercurio en los peces de los arroyos y en los trabajadores de las minas”.
Finalmente, el relator, que presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023, recomendó al Estado ratificar “sin demora” al Acuerdo de Escazú, el primer pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en la protección de los ambientalistas.
Al respecto, consideró “alarmante” las informaciones sobre vulneraciones contra defensores de los derechos humanos y preocupante la “utilización del derecho penal” para reprimir la protesta y la articulación social.
FUENTE: EFE
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