Una fiscal de Perú denuncia amenazas de muerte tras las investigaciones contra Castillo

El principal motivo para la denuncia por corrupción en contra del Presidente de Perú quedó develado en una intervención de la fiscal. 

La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la Corrupción en el Poder de Perú, ha denunciado este jueves amenazas de muerte a raíz de las investigaciones iniciadas contra el presidente del país, Pedro Castillo.

Barreto ha indicado que las amenazas contra miembros del Ministerio Público han motivado que este martes la fiscal general, Patricia Benavides, haya presentado una denuncia contra Castillo.

«Hay amenazas de muerte. Eso es tal vez la gota que derramó el vaso. La fiscal de la Nación nos reunió a todos y explicó por qué tomó la decisión de presentar la denuncia constitucional. Señaló que no puede permitir que ningún miembro puede ser pasible de amenazas de muerte», ha explicado Barreto.

«Todavía hay muchas aristas que investigar, pero la presión del poder de la que estamos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos y esa es la diferencia en una organización criminal estructurada«, ha añadido.

Patricia Benavides presentó en la tarde del martes ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Esta denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso Lady Camones (APP). En el caso de que prospere, la demanda pasará a la Comisión Permanente y finalmente será votada en el pleno, según informó la emisora RPP.