El Poder Ejecutivo alegó que no tiene los recursos para la creación de nuevos cargos como solicitó el Ministerio Público y afirmó que debe velar por el correcto manejo de los fondos estatales.
El Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley de ampliación presupuestaria solicitada por el Ministerio Público para la creación de unos 577 nuevos cargos para el ejercicio fiscal de lo que resta del año, sancionado hace dos semanas por el Congreso Nacional.
La Fiscalía General, a cargo de la cuestionada Sandra Quiñónez, pidió aumento de unos G. 64.707.532.946, financiado con recursos del tesoro, que se pretendía distribuir en nuevos cargos, equipos de salud y laboratorio, aportes jubilatorios, equipos de transporte, adquisiciones de equipos de computación, aguinaldos, sueldos, gratificaciones, alquiler de edificios, combustible, materiales para seguridad, entre otros gastos rígidos.
Además, se pretendía la creación de 49 unidades fiscales que permitirán el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos, delitos contra la corrupción, contra el narcotráfico, de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, entre otros.
En cuanto a servicios personales, la ley señala que se pretendía crear 577 cargos. Según el Poder Ejecutivo en su exposición de motivos, el impacto de la creación de más cargos ascenderá a más de G. 15.900 millones.
“Resulta evidente que para cubrir todos estos objetos de gastos en todo el ejercicio fiscal siguiente la suma será mucho mayor y en ese sentido la presión tributaria quizá tendría que ir en aumento para lograr el financiamiento, dado que se trata de gastos rígidos”, señala el Poder Ejecutivo en el decreto 7994, dado a conocer en la víspera.
Añade que financiar la creación de nuevos cargos “significará un costo mucho mayor para todos los paraguayos”.
Además, en el referido decreto, el Ejecutivo señala que de acuerdo con los datos proveídos por dependencias técnicas del Ministerio de Hacienda, el proyecto de ley en cuestión no fue canalizado propiamente a través de la citada cartera de Estado, por lo que carece de análisis que avalen la posibilidad de contar con ingresos adicionales que permitan al Tesoro asignar los recursos.
“Es preciso subrayar que el Ministerio de Hacienda viene informando consistentemente que la proyección con base en la recaudación afectiva de los primeros seis meses del año en curso, así como en razón a la tendencia histórica de los últimos cinco años no se presenta margen favorable con relación a la programación presupuestaria prevista para el presente ejercicio”, señala el decreto.
Añade además que ante la situación actual que atraviesa la tesorería general, cualquier incremento en el gasto ampliará el desfinanciamiento y la brecha del déficit fiscal, salvo que sea en detrimento de otros compromisos asumidos por el Ministerio Público a través de mecanismos de reprogramación y no así de ampliación como se pretende.
“La iniciativa legislativa por implicar requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería general respecto al presupuesto actual que se encuentra desde ya sobreestimado, ocasionará un desfase presupuestario, y de aprobarse traería aparejada la transgresión al principio general de responsabilidad fiscal. El Poder Ejecutivo debe velar sobre todo por el interés general de la población, compromiso que supone resguardar el correcto manejo de los recursos públicos y la institucionalidad construida”, finaliza.
El documento vuelve al Senado para su estudio correspondiente.
64.707 millones de guaraníes pidió el Ministerio Público para la creación de nuevos cargos y sedes fiscales en ciudades.
15.996 millones será el impacto para lo que resta del ejercicio fiscal la creación de nuevos cargos y aguinaldos.
UH
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