Propuesta busca aportar a esfuerzos nacionales e internacionales sobre protección de ecosistemas frágiles

Esta es la propuesta que plantea el  presidente de la República, Guillermo Lasso, en la pregunta 8 de la consulta popular que, desde el 12 de septiembre de 2022, es analizada por la Corte Constitucional (CC).  Por ahora, no existe un sistema que permita entregar compensaciones  e incentivos a quienes contribuyen a la conservación de la naturaleza y el ambiente.

Un servicio ambiental está en la naturaleza (agua, bosques, humedales, islas, calidad del aire, etc) y las comunidades cuidan y permiten su regeneración.  La deforestación contribuye a la pérdida de servicios ambientales.

Esta enmienda constitucional busca quitar el candado constitucional para compensar a estos grupos no solo de forma económica, sino con retribuciones y compensaciones “morales”, como la entrega de becas educativas.

En otros países esta es una política de Estado. En Costa Rica, por ejemplo,  se paga una tarifa a los cuidadores de los servicios ambientales en las cartillas de agua o luz.

“El Estado es el administrador de la biodiversidad  y de los recursos naturales por lo que es el llamado a crear un sistema que garantice mecanismos que permitan otorgar incentivos y compensaciones económicas a quienes realicen actividades de cuidado y regeneración”, dice uno de los anexos del documento.

La propuesta busca aportar a los esfuerzos nacionales e internacionales sobre la protección ambiental, de ecosistemas frágiles y permitir el aprovechamiento de estos servicios.

En una de las transitorias de la pregunta se otorga a la Asamblea Nacional emitir las regulaciones que correspondan, en coordinación con el ministerio de Ambiente, aclaró Karen Sichel, secretaria jurídica de la Presidencia de la República.

De acuerdo con la última encuesta de Cedatos, realizada entre el 14 y 17 de septiembre de 2022, la pregunta 8 tuvo el respaldo del 76,8% de los encuestados.