Jefes de bancadas opositoras y el abogado Gary Prado manifestaron que Wilfredo Chávez debe dar un paso al costado del cargo de Procurador General del Estado, puesto que tendría un conflicto de intereses que le impediría llevar adelante una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas acusadas de terrorismo en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales.
Esta iniciativa surge después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado boliviano responsable por la muerte del irlandés Michael Dwyer, quien fue baleado por la Policía en el operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, y de torturas contra otros cuatro detenidos por el caso denominado “terrorismo y separatismo”.
La CIDH recomendó al Estado boliviano iniciar una investigación penal sobre los responsables de dichas vulneraciones a los derechos humanos, sin embargo, los opositores y el abogado Gary Prado cuestionaron que Wilfredo Chavéz vaya a cumplir con esto por su vínculo con Evo Morales y su Gobierno.
Señalaron que Chávez fue abogado personal de Evo Morales, quien públicamente reconoció haber instruido el operativo de 2009 que terminó con la muerte de Dwyer, además de Eduardo Rozsa y Arpad Magyarosi.
“El abogado de Morales tiene que hacerse un lado por este tema, porque él es juez y parte y no puede hacerlo”, dijo el jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, en referencia al Procurador.
El abogado Prado acotó que Wilfredo Chávez también fue Viceministro en 2009, es decir, formó parte del Gobierno que debería ser investigado.
“Quién ha recibido el informe es el procurador Wilfredo Chávez, abogado personal de Evo Morales, además él conoce de este informe y él ha sido Viceministro durante el caso de terrorismo. Él debería apartarse porque no puede ser la institución que tiene que llevar adelante la denuncia por violaciones a derechos humanos ante la Fiscalía de Bolivia, porque él es parte de los que violaron derechos humanos”, dijo el jurista.
Prado manifestó que incluso la hija de Morales, Evaliz, debería apartarse de su cargo en la Procuraduría, porque esta es la entidad que debería llevar adelante la denuncia contra su padre en base al informe de la CIDH.
El procurador Chávez ya anticipó que el informe de la CIDH no es vinculante, es decir que no es de cumplimento obligatorio y que hablar de enjuiciar a una exautoridad sólo es especulación.
El jefe de bancada en el Senado de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, dijo que Chávez debe dar un paso al costado, porque desahuciar un informe internacional ocasionaría un problema al país.
Seoane manifestó que el Procurador no da garantías a nadie y debería cambiárselo, pero el MAS lo mantiene en el cargo.
De parte del MAS, el jefe de bancada Gualberto Arispe ratificó su confianza en el procurador Chávez y afirmó que garantiza transparencia.
Consultado sobre el hecho de que Chávez fue abogado de Morales, el diputado Arispe señaló que otras autoridades también defendieron a diferentes personas y mencionó como ejemplo a Iván Lima, que ahora ejerce como ministro.
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