Gina G., Samantha F., Dayana B., Luis J., y Nelson C., fueron condenados a cinco años de prisión luego de ser encontrados culpables del delito de asociación ilícita para el robo de vehículos, casas, locales comerciales y a personas en Ambato.
Los sentenciados fueron detenidos en medio de un fuerte operativo policial en el que encontraron varios indicios y evidencias que sirvieron para el fallo.
Antecedentes
Las investigaciones en torno a esta banda delictiva iniciaron el 5 de enero de 2022. Por medio de seguimientos, vigilancias y manejo de fuentes, la Policía Judicial identificó a los sospechosos, sus respectivos niveles de participación, así como lugares de operación, modus operandi y vehículos en los que se transportaban.
Ya con todo el conjunto de indicios fue el 8 de abril cuando varias unidades de la Policía en coordinación con Fiscalía organizaron un fuerte operativo.
Varios allanamientos se ejecutaron en diferentes viviendas ubicadas en sectores como San Francisco, Pishilata, La Merced, La Matriz, Huachi Loreto, Huachi Chico, Ficoa, Picaihua, Izamba, Ambatillo, entre otros sectores de Ambato.
Allí se logró la detención de los implicados, además de varias evidencias, pues tenían en su poder implementos de hogar, televisores, relojes, terminales móviles, 12.800 dólares, que no pudieron justificar, así como seis vehículos, entre otras evidencias.
Proceso
En la audiencia de juicio, el fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional (Fedoti), Jorge Basantes, presentó como pruebas ante los jueces: los informes de vigilancia de la Policía Judicial, en los que se determina la forma de operar de los procesados, de reconocimiento del lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencias.
Además de los informes técnicos periciales, versiones, el informe técnico pericial de audio, video y afines, el informe de inspección ocular técnica sobre los bienes incautados, entre otros.
Acogiendo las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a los cinco implicados y los condenó a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de asociación ilícita.
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