El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas expresó este martes 30 gran alarma por los actos de violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, y urgió a las autoridades a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos.
El Estado nicaragüense “debe garantizar los derechos de esos grupos de población, que han sufrido agresiones y atentados, particularmente en el territorio Mayangna Sauni As (norte) y en las regiones autónomas de la Costa Caribe”, asentó el comité.
Con respecto a las denuncias de actos de violencia y atentados contra la vida e integridad física de miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, los expertos deploraron no tener información de que esos abusos se hayan investigado, y lamentaron que puedan quedar impunes.
Las áreas señaladas y la norteña reserva de biosfera e Bosawás, son desde hace años invadidas por centenares de colonos que hostilizan y atacan a las comunidades indígenas y afrodescendientes con el propósito de desalojarlos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha procesado denuncias como la masacre de 11 indígenas miskitos y mayangnas en agosto del año pasado –incluidas mujeres y niños- y de un indígena wilú en octubre, atribuyéndose los crímenes a colonos invasores.
En 2020 varios hubo ataques armados contra comunidades indígenas, con saldo de varios muertos, heridos, mujeres atropelladas y viviendas quemadas y saqueadas.
Los expertos del comité de la ONU sostuvieron que esos hechos y similares “deben ser investigados y los responsables enjuiciados”.
El comité está integrado por 18 expertos independientes que actúan desde esta ciudad suiza por mandato de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1965 y en vigor desde 1969.
En su evaluación sobre el país centroamericano, el comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen y destacó que el país no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos que plantea la Convención.
Además, según su análisis, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua siguen padeciendo discriminación estructural, como lo reflejan los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan constantemente.
El comité exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos; a avanzar en la demarcación y titulación de esos territorios, y a asegurar el reconocimiento legal y protección jurídica de esos espacios.
En cuanto a los proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura sobre los recursos naturales en las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Comité destacó que la protección de sus derechos y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo económico sostenible.
El Comité registró alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin llevar a cabo los procesos de consulta previa, o bien basados en personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados.
Se mencionaron los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico; el de aguas profundas en Bluefields, en la costa caribeña; el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima, los cuales afectan al pueblo indígena rama y a las comunidades afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena de Bluefields.
En este renglón, recomendó al país que realice estudios independientes sobre los efectos sociales, ambientales y culturales, antes de otorgar licencias para proyectos que involucren el desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o de afrodescendientes.
Además, se requiere consultar debidamente a las comunidades afectadas e incluirlas en la toma de decisiones.
El examen incluyó, asimismo, los reportes de uso excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes, incluyendo casos de muertes de integrantes de esas comunidades que se encontraban en detención.
Para poner fin a estos abusos, el Comité recomendó la adopción de provisiones que garanticen el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza, capacitando a los agentes del orden en la utilización de mecanismos convencionales y en combate a la discriminación racial.
También pidió al Estado garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, así como a defensores capacitados con conocimiento de las lenguas indígenas, e intérpretes cuando fuera necesario.
Enfatizó, asimismo, la importancia de velar para que, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, los agentes del orden no lleven a cabo acciones en contra de personas afrodescendientes basadas en la estigmatización y perfilamiento racial.
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