Torres expresó que las investigaciones contra el jefe de Estado se basan en denuncias sin pruebas formuladas por un medio de comunicación.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Aníbal Torres, denunció este lunes la “persecución política” fraguada en ese país contra el mandatario Pedro Castillo, en el marco de una serie de investigaciones abiertas en su contra y en torno a su familia.
En declaraciones a la prensa en la norteña región de Trujillo Torres expresó que “los grandes delincuentes están libres, a otros, por sospecha, se pide el máximo de detención preliminar. Hay una desproporción exagerada, hay persecución política, hay otros casos en los que se inventan hechos y delitos”.
Ahondó el premier que las investigaciones abiertas contra el jefe de Estado y sus allegados se basan en “una simple denuncia de un medio de comunicación, sindicando responsables sin pruebas. Están citando e interrogando testigos para crear un delito y no describir la verdad”, sentenció.
Torres criticó el hecho de que “grandes delincuentes que han robado millones con actos de corrupción”, aún se hallen en libertad; en tanto otros “por sospechas son condenados por los medios con el apoyo del sistema de Justicia”.
Torres realizó sus declaraciones en el marco de las seis investigaciones abiertas contra Castillo por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las cuales se le imputa su presunto vínculo que tendría con hechos de corrupción que configuran, en algunos casos, delitos de organización criminal.
Por otra parte, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción solicitó este lunes 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes, acusada de coordinar una “red criminal” para direccionar obras públicas a través del Ministerio de Vivienda; petición que alcanza a sus hermanos, Walter Paredes y David Paredes, y al empresario Hugo Espino Lucana.
A esta medida se añade una pesquisa contra la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, quien se encuentra detenida preliminarmente desde el pasado 10 de agosto y a la espera de que el Poder Judicial determine si amplía su detención preventiva, por un presunto delito asociado a la licitación de una obra en la región de Cajamarca.
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