Desde hace casi dos meses, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se desarrolla el proceso de juicio político contra los vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno y María del Carmen Maldonado, respectivamente, y donde se presentaron 102 pruebas testimoniales.
Uno de los argumentos de los asambleístas que impulsan el juicio político es que la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), realizada en 2019, y que estuvo a cargo del CJ.
Como parte de ese proceso y como argumento de descargo, la Judicatura solicitó la comparecencia de varias personas que consideran que la evaluación realizada a los magistrados, se desarrolló en cumplimiento del mandato ciudadano expresado en la consulta popular de febrero de 2018.
Uno de los llamados a comparecer ante la Comisión de Fiscalización fue el abogado y constitucionalista Xavier Palacios. Él sostiene que la evaluación a la CNJ fue necesaria y se desarrolló de acuerdo con el marco constitucional y legal vigentes.
Palacios, también experto en arbitraje, argumentó que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio el que, fundamentándose en los resultados de la consulta popular, ordenó la evaluación a la Corte. Por lo que aseguró que el Consejo de la Judicatura lo que hizo fue dar cumplimiento a ese mandato.
Palacios recordó además que, si bien hay una sentencia de la CC en la que se hacen observaciones sobre el tiempo en el que se realizó la evaluación, en ninguna parte de esa sentencia se señala que la Judicatura vulneró la independencia judicial o la garantía de inamovilidad de los jueces cuando realizó la evaluación.
Entre los testigos que declararon a favor de los imputados también constan los abogados Gustavo Medina, Roberto Salgado, María José Narváez, Álvaro Mejía que formaron parte del Comité que dio apoyo a la evaluación de la CNJ.
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