Informes sobre hechos falsos, allanamientos ilegales, implantación de pruebas, amenazas, agresiones y hasta robos son algunos de los excesos denunciados contra miembros de la Policía Boliviana, durante las jornadas de represión a ciudadanos movilizados en Santa Cruz y La Paz, según testimonios de los detenidos, vecinos e imágenes de videos.
En la semana, cívicos de Santa Cruz realizaron un paro de 48 horas con bloqueos pidiendo que el censo se haga en 2023. En La Paz, afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) marcharon por las calles exigiendo el cierre del mercado paralelo, impulsado por cocaleros del MAS. Ambos sectores denunciaron ser víctimas de abusos policiales. Se conoce de al menos 50 arrestados y muchos heridos en los conflictos en ambas ciudades.
De acuerdo con un recuento que hizo Página Siete, 30 personas fueron sometidas a audiencias cautelares 26 en La Paz y cuatro en Santa Cruz; otras 20 fueron arrestadas por pocas horas, entre ellas algunas mujeres sacadas de alojamientos en horas de la madrugada; los excesos se completaron con arrestos de vecinos por no portar cédulas de identidad.
“(En la imputación de) la Fiscalía todo fue maquillado y manipulado para inculparnos de algo en lo que nosotros no tenemos culpa alguna. Quizá nuestra única culpa es estar en contra de los abusos de este Gobierno y solicitar algo que nos corresponde, como es el censo en 2023”, afirmó ayer Diego Condori, en entrevista con el programa cruceño Desayuno con Gary Áñez.
Condori es el vicepresidente del Comité Cívico del Plan 3.000 y uno de los cuatro aprehendidos en el paro cívico de 48 horas que se realizó en Santa Cruz.
Junto a él, el jueves fueron sometidos a una audiencia cautelar Ronald Barba Lobo, Marco Antonio Chávez y Carlos Andrés Aguilera, este último, de oficio albañil, fue enviado a la cárcel por 90 días.
Condori relató que el ensañamiento de la Policía hacia él comenzó el lunes, cuando salió a protestar por el arresto ilegal de varias personas, incluida la diputada opositora Heidi Muñoz.
Aseguró que el arresto de los cuatro imputados se dio horas después, cuando ya no había enfrentamientos ni concentraciones. Acotó que los policías se metieron a un domicilio particular para aprehenderlo, sin que haya un delito flagrante.
Además, dijo que escuchó cómo los policías hacían correcciones para elaborar “informes falsos” sobre la causa de su aprehensión. Afirmó que entre amenazas e insultos los uniformados trataron de que posara para una foto con el fin de hacerlo ver como dueño de una mochila con explosivos.
“Tenía 60 bolivianos en mi bolsillo”, relató Condori y contó que, al momento de la requisa, un policía le dijo con una sonrisa “regálame 20”.
Condori también cuestionó al juez Guille Ríos por dar curso al argumento del fiscal Osvaldo Tejerina, quien, en la audiencia, señaló que el joven albañil enviado a la cárcel no tenía un trabajo y tampoco familia, y eso representaba un riesgo de fuga. “Entonces ese joven salió de una planta ¿cómo se puede decir que no tiene familia?”, criticó.
Similares abusos fueron denunciados en el caso de los 19 imputados de Adepcoca, que el jueves fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares ante la jueza Ximena Palacios.
El abogado de Adepcoca, Gualberto Cusi, explicó que el fiscal Álvaro Siñani no pudo sustentar en esa audiencia el informe de los subtenientes Guery Zeballos y Anderson Peña, quienes afirmaron que los cocaleros fueron sorprendidos en posesión de explosivos y un “rifle artesanal” en las movilizaciones en contra del mercado paralelo.
Imágenes de video y testimonios de vecinos desvirtúan ese tipo de extremos que cursan en los informes policiales.
El lunes, Teodoro Barrera, Germán Paño y un vecino de profesión albañil fueron aprehendidos por los policías en la zona de Villa El Carmen. Su detención fue registrada por varios medios de comunicación y en los videos se evidencia que ninguno portaba algún objeto en las manos, pero el informe policial señala que éstos portaban una mochila y una bolsa con cartuchos de dinamita. En ese sentido, otra abogada de Adepcoca, Evelín Cossío, desmintió que sea cierto lo escrito en esos informes.
El martes, 19 cocaleros y cinco vecinos fueron maniatados y llevados a celdas policiales, según Cossío. Dijo que se tuvo que llamar a abogados de Naciones Unidas para que evidencien que los policías los mantuvieron incomunicados por varias horas.
Página Siete
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