El pasado 28 de julio fue detenido el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, por estar involucrado en una investigación de actos de corrupción en la Prefectura. Es decir, que el nombre de Guamán aparece como presunto implicado en una serie de actos ilícitos de cobros de diezmos a funcionarios, concesiones de obras públicas y favores a empresas privadas entre otros. Esta red de corrupción, según los primeros informes que arroja la investigación de la Fiscalía, estarían operando desde el año 2014, fecha que coincide con el primer periodo de Guamán en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi. Entre la información de la investigación que se ha filtrado a la prensa, constan importantes depósitos de dinero de Guamán en cuentas de la Conaie, así como la adquisición de departamentos en edificios de lujo.
A priori, llama mucho la atención que un funcionario público cuyos ingresos económicos son de notorio conocimiento maneje esas cantidades de dinero. Guamán inició su vida política en la década de los noventa y es uno de los hombres más fuertes de la Conaie, del círculo íntimo de su presidente, Leonidas Iza.
Adicionalmente, la investigación arroja que, en la trama de corrupción, estarían involucradas la esposa y una de las hijas de Guamán. El Prefecto, en una entrevista con el periodista Andrés López, afirmó que su hija trabaja como consultora lejos de la función pública, pero vive en el domicilio familiar y que aún depende económicamente de él. En redes sociales se han filtrado fotos de las cuentas personales de la hija de Guamán en distintos lugares del mundo, viajando y visitando paradisíacas ciudades. Lo que también, como es lógico, llama la atención de la ciudadanía.
Pero las respuestas tanto del funcionario investigado y de los líderes de la Conaie, son inverosímiles.
El comunicado oficial de la Conaie insta a que, esta investigación, se trate del mismo modo que otras denuncias de corrupción como, por ejemplo, la de Juan José Pons (cuya investigación debe seguir su curso y ser sancionado si fuera el caso). Quien por cierto no es funcionario público a diferencia de Guamán. El tema de los consejeros presidenciales ad honorem es otro aspecto delicado que no se discute y que definitivamente no preocupa a los movimientos políticos. Y es que tiene tan poca comprensión de lo que significa la función pública. Pero en todo caso a la Conaie parece preocuparle poco la posibilidad de que existan actos de corrupción en sus prefecturas.
¿Cómo es posible que uno de los movimientos políticos más importantes del país, aquel que dice representar la voz del pueblo más desfavorecido y luchar por los pobres, no le importe que se enriquezcan unos pocos en desmedro de la mayoría?
¿Cómo explican los líderes que pregonan el comunismo indoamericano y que dicen rechazar el capitalismo que sus hijos gocen de una vida de lujos y viajes a esos territorios que tanto rechazan? Definitivamente esto último no es ilícito, pero como mínimo es contradictorio y quienes ejercen la función pública deben ser ejemplares y estar sometidos al escrutinio público. También los líderes indígenas.
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