Los procesos de condonación de deudas han sido ineficientes para ayudar a los pequeños agricultores y comerciantes durante los últimos 30 años.

Pese a los alivios financieros extraordinarios,  los problemas económicos y productivos siguen sin solucionarse.

En las últimas tres décadas, cada tres a cuatro años, los esquemas especiales de condonación y moratoria en el pago de deudas vencidas, sobre todo con la banca pública, han sido la típica respuesta ante las continuas crisis económicas y productivas en sectores como el agro y el comercio minorista.

Sin embargo, Gabriela Torres, economista y exconsultora en organismos multilaterales, explicó que este tipo de medidas han demostrado ser ineficaces para mejorar las condiciones laborales e incluso familiares de campesinos y microempresarios.

“Las condonaciones solo esconden y borran el problema a corto plazo, pero sin real inversión en riego, acceso a tecnología y asistencia técnica, sobre todo para los agricultores, en poco tiempo la situación económica es igual o peor que antes de la medida del perdón crediticio”, dijo.

Aproximadamente, se han gastado más de $500 millones en perdonar deudas en los últimos años, pero ese dinero pudo invertirse en caminos vecinales, mejores sistemas de agua potable, maquinaria, entre otros.

Al inicio de las mesas de diálogo, el movimiento indígena tenía pretensiones desmesuradas sobre condonaciones generales y moratorias de al menos un año en el pago de intereses en todos los créditos de hasta $10.000 en el sector público y privado. Esto hubiese provocado un serio daño a sectores como el de las cooperativas.

“Al final, los acuerdos son más mesurados, pero no tocan los problemas centrales de por qué varios cultivos están desapareciendo porque ya no son rentables o por qué no se impulsa la asociatividad para eliminar intermediarios en favor de los pequeños productores. Las reestructuraciones son mejores que las condonaciones porque mantienen el compromiso de pago, pero se necesita más”, añadió Torres.

Las condonaciones le cierran la puerta de futuros financiamientos formales a los supuestos beneficiarios, los cuales tienen una alta probabilidad de caer en el chulco y endeudarse aún y en peores condiciones.

El resultado en el sector agropecuario, por ejemplo, es que su peso en el PIB nacional está estancado desde hace años. Además, se han postergado inversiones necesarias en el sector rural, lo que provoca más problemas sociales, políticos y económicos.

Movimiento indígena quiere más

Los acuerdos entre el Gobierno y el movimiento indígena establecieron dos tipos de alivios financieros: condonación de saldos vencidos de hasta $3.000 en la banca pública; y reestructuración de saldos vencidos entre $3.000 y $10.000 tanto en la banca pública y privada.

Vilma Salgado, exgerente de la AGD y asesora de los indígenas, ha explicado que quedaron temas pendientes. Por un lado, se exigen mayores alivios de la banca privada y que se precise el alcance de las ayudas ya acordadas. Incluso algunos dirigentes buscan una reunión directa con los representantes del sector privado.

En este sentido, Marco Rodríguez, presidente ejecutivo subrogante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), ha puntualizado que no se puede establecer el número de beneficiarios y los montos, porque eso dependerá de las solicitudes que hagan los clientes.

Asimismo, recordó que, si bien las reestructuraciones se establecieron en montos vencidos de entre $3.000 y $10.000, el sistema financiero privado está abierto a refinanciar operaciones por debajo o por encima de esos valores, sin necesidad de que eso se haya incluido en los acuerdos.

“Durante la parte más dura de la pandemia se hizo una reestructuración de aproximadamente $10.000 millones. Aproximadamente el 36% de la cartera de la banca. Mirando caso por caso las necesidades de los clientes. A la presente fecha, $3.450 millones siguen siendo objeto de refinanciamiento y reestructuración. Más de 300.000 clientes son beneficiarios”, aseveró.

Otro punto pendiente, y que inquieta a los indígenas, es establecer mecanismos para que las tasas de interés lleguen a niveles mucho más bajos de los actuales. Pero, este tema se sale del enfoque de la mesa de diálogo.

En este contexto, Salgado ha declarado que, los acercamientos con el Gobierno fueron valiosos e interesantes, pero para evitar que se reavive el conflicto, y para tratar nuevas medidas, se deberían implantar nuevas reuniones entre las partes por lo menos una vez por año.

Banca pública entregó más de $400 millones en créditos en el último año

Desde el 1 de junio de 2021 hasta el 7 de julio de 2022, se otorgaron aproximadamente $480 millones a través de Banecuador. Los beneficiarios fueron 105.000 personas con un promedio de $4.000 por operación

“Desde el punto de vista práctico más del 80% de la cartera entregada en Banecuador es agrícola y pecuaria. Y se suma el pequeño comercio se llega al 95%”, puntualizó Iván Andrade, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

A esos recursos ya entregados y los presupuestados desde inicios de 2022, se sumarán al menos $540 millones más en nuevas líneas de crédito acordadas dentro de los diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena.