JEP imputa a diez militares colombianos por crímenes de lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este miércoles a diez integrantes del Ejército nacional por la participación de los crímenes perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango entre los años 2002-2006, zonas localizadas en el departamento de Antioquia.

Dicha entidad precisó que los coroneles condenados se reconocen como Jorge Alberto Amor Páez, David Herley Guzmán Ramírez, Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, mientras que los dos mayores en retiro son Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.

De igual manera, se atribuye “responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante” a tres sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.

“Los crímenes relacionados con los cementerios de Dabeiba e Ituango, se encontraban en la impunidad. Los comparecientes ante la JEP, asumiendo un compromiso con la verdad y las víctimas, decidieron confesar espontáneamente la comisión de delitos por los cuales jamás habían sido investigados e involucraron a máximos responsables, quienes tampoco habían sido judicializados”, resaltó el Tribunal.

Los imputados están acusados de asesinar a 46 víctimas en Dabeiba e Ituano, los cementerios más señalados por albergar “falsos positivos” sin identificar, de acuerdo al reconocimiento de la magistrada de la JEP, Nadiezhda Henríquez.

Durante la investigación se determinaron diversos elementos, entre ellos un patrón de “homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate (desmovilizados), así como asesinatos de víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla, con la finalidad de exterminar al enemigo identificado a partir del prejuicio insurgente sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005”.

Dichas acciones tuvieron lugar, según lo fundamentado por la JEP, en un contexto de fuertes alianzas “entre agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares, con un transfondo de presión por resultados operacionales (bajas), así como por el tráfico de armas y drogas por la región de Urabá”.

Sobre el segundo patrón se presentó el caso del joven reservista y desempleado de Medellín, Jhon Jarvi Cañas Cano, a quien lo mataron al bajarse de un bus urbano que venía de Medellín, “en un retén del BCG 79, cuando venía con los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa, quienes lo habían convencido de viajar para aceptar un trabajo como obrero en una despulpadora de fruta en Dabeiba.

“La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta”, presentó la JEP.

Asimismo la JEP precisó que “el tercer patrón criminal determinado, de carácter autónomo y transversal, se encuentra conformado por un amplio espectro de hechos repetidos y uniformes de desaparición forzada, perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante muchos años, con la finalidad inmediata de encubrir los homicidios cuya ilegalidad es conocida por sus autores, impidiendo la identificación de las víctimas y con el propósito estratégico de reforzar la idea de control territorial”.

En Dabeiba, las autoridades indagan sobre 508 posibles muertes violentas que podrían pertenecer a estas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1995 y 2008.