Ocho personas son procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita

Ocho personas son procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias

La investigación, llevada por el fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Bolívar Burbano, que  determinó que un grupo de personas se habrían asociado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.

De acuerdo con la teoría expuesta durante la audiencia de formulación de cargos, los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de instituciones públicas, principalmente del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).

Su objetivo habría sido ubicar a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad.

Un informe de la Fiscalía señala que, en este caso específico, habrían ofrecido cerca de USD 3 millones  a una funcionaria cercana a la Dirección del Senae para que facilite la disposición de ese alto cargo.

Elementos de convicción

Entre los elementos de convicción presentado por el fiscal constan el informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, efectuados con las respectivas autorizaciones judiciales. También se expuso un informe forense de extracción de información de cámaras de seguridad, otro de extracción de información de números telefónicos, la transcripción de conversaciones mantenidas entre los involucrados, obtenidas con técnicas especiales de investigación, entre otros.  Un Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal.

La Fiscalía solicitó al Juez que disponga la prisión preventiva para los ocho procesados. Sus defensas presentaron arraigos laborales,   certificados médicos que sirvieron de fundamento para que se dicten medidas alternativas como la prohibición de salida del país.

La investigación del caso inició en septiembre de 2021, con base en un parte elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, que conoció la información a través de una llamada a la línea 1-800 DELITO.