Se acabó, no va más el examen de ingreso a las universidades. Aunque no hemos escuchado ningún sustento técnico para la eliminación de este requisito, Lasso lo anunció con total desenfado, frente a un grupo de jóvenes que validaron su decisión entre aplausos. Las opiniones y comentarios sobre el tema han sido de lo más variopintas, sin embargo, quienes la han expresado, nos permiten llegar a una interesante conclusión: la educación de los jóvenes no ha dejado de estar secuestrada por la política. Solo dese cuenta de quienes son los que más se quejan y los que más celebran la medida, bajo el argumento vacío y deshonesto de supuestamente importarles la educación de nuestros jóvenes. Espero que a estas alturas todos los identifiquen y por tanto, nadie les crea su supuesta buena voluntad.
Empecemos por establecer un hecho ineludible. Tras lo vivido en las últimas semanas, en medio de un país paralizado y ahorcado desde lo económico, el gobierno estaba obligado a empezar un lavado de cara y adoptar medidas urgentes para, entre otras cosas, recuperar su popularidad y la confianza ciudadana. Allí la respuesta de por qué esto se decide ahora y no antes, pese a haber sido una propuesta de campaña. Seguro hay buenas intenciones, pero no nos hagamos los desentendidos, Lasso necesitaba respirar por unos días y esta noticia le da un poco más de oxígeno.
Aquí lo importante es que no se engañe a los jóvenes y no se prometa más de lo debido. Eliminar la prueba de ingreso, no significa una mayor asignación de recursos o que todos los postulantes vayan a encontrar la carrera de sus sueños. Es falso, entonces, que existirá un libre ingreso a las universidades, que habrá más espacios o que el Estado cumplirá con su obligación de garantizar el derecho a la educación. No obstante aquello, se beneficia a la autonomía universitaria, su autogestión y la oferta académica; pero, sin más recursos para mejorar la infraestructura física y tecnológica, y, los sueldos de los docentes, cualquier cambio será poco o nada.
Aunque inicialmente podría parecer una buena idea, no basta con que el argumento sea que se ha acabado con una política educativa instaurada en el correísmo. Yo preferiría que nos indiquen, con datos en mano, si la educación superior mejoró o tuvo un retroceso con la prueba de la Senescyt, si habrá alguna forma de controlar a la corrupción educativa (tráfico de cupos) y cómo quedará la supervisión estatal en los procesos de admisión estudiantil. El descontento no es cuento, pero vale la pena, cuando el futuro de los jóvenes está en juego, que nos demuestren que la educación es una política prioritaria para este gobierno. Veremos.
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