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Mar. Nov 5th, 2024
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Si exceptuamos a los totalitarios, tanto del lado comunista como del fascista, hoy en día todos estamos de acuerdo con la división de poderes en el Estado; la justicia debe aplicarse sin presiones de los gobernantes y sin intromisiones de los legisladores. Este es uno de los pilares de la democracia, a más del sufragio libre, sin trampas, de la alternabilidad y del rendimiento de cuentas frente a los mandantes. Parece elemental y fácil. En la práctica no lo es. Tomemos el conocido ejemplo de los llamados “infiltrados” en las manifestaciones de octubre-2019 y junio-2022: en primer lugar ni los organizadores de las marchas violentas ni sus seguidores han identificado a quienes han cometido delitos, los han separado de ellos y los han entregado a la justicia para su debido juzgamiento; por eso nos congratulamos de que se hayan iniciado acciones de oficio contra los delincuentes y enjuiciamientos por quienes nos representan, aunque parece que no por parte los perjudicados directos.

Si los fiscales no cumplieran con su deber de acusar a los delincuentes flagrantes no se podría hablar de democracia. Tampoco, dicho sea de paso, si los legisladores no legislan o entorpecen todo intento de hacerlo.

No existe democracia cuando los asambleístas indultan en masa a una serie variopinta de delincuentes “infiltrados”, tal lo sucedido después de octubre-2019, tampoco si la llamada Corte Constitucional no frena ese atropello a los derechos de todos los perjudicados y al orden legal.

Dejemos de lado la ingenuidad de una vez por todas: no se puede hablar de democracia si en un “diálogo” entre un grupo de subversivos y el gobierno no queda establecido como condición innegociable el juzgamiento de todos los delitos cometidos, el castigo legal a los culpables y el pago de las indemnizaciones correspondientes, fijadas por los jueces, a las víctimas. Como dijo García Moreno: “Un castigo ejemplar deja satisfecha la justicia, fortificada la moral, consolidado el orden público y afianzado por largo tiempo el imperio de las leyes y de la voluntad del pueblo”.


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