La democracia ecuatoriana ha sido siempre frágil. No ha podido desarrollarse a plenitud, asediada como ha estado por el populismo y el caudillismo, herencias fatídicas de la centenaria sumisión colonial. Es tan dramático el subdesarrollo político ecuatoriano que aún su historia se ha periodizado conforme al mandón de turno: floreanismo, urbinismo, garcianismo, alfarismo, velasquismo y, seguramente, los historiadores se referirán a los primeros años del siglo XXI, como el período correísta.
La democracia implica el imperio de la ley, como norma general, que obliga a gobernantes y gobernados; la división de funciones, que impide el ejercicio absoluto del poder; la pluralidad, opuesta al modelo excluyente de partido único; la alternabilidad, como prevención del caciquismo; la responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades; y, el respeto a los derechos y libertades del pueblo. Iguales requisitos deben cumplir, por supuesto, las organizaciones políticas que compiten por el poder para realizar sus proyectos político-ideológicos.
Los partidos y movimientos políticos, según norma constitucional, deben sustentarse en “concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias”. Nada de esto se cumple en el caso de Ecuador, donde proliferan organizaciones políticas que, en la mayoría de los casos, han desnaturalizado su función, convirtiéndoles en simples organizaciones que luchan por el poder, sin otra orientación que la de alcanzarlo como un botín para satisfacer intereses de sus cúpulas dirigentes.
El panorama se torna aún más sombrío en tiempos como los actuales, cuando ha surgido un jugador político poderoso: el crimen organizado, con pretensiones, no solamente de cooptar el control del Estado corrompiendo a políticos, jueces, fiscales, contralores, policías y militares, sino que, patrocinando el ingreso de su gente en las instituciones. La narcopolítica se ha convertido así en la mayor amenaza a la seguridad y desarrollo de los países, que corren el riesgo de convertirse en narco estados.
Estas reflexiones deben ser tomadas muy en serio, al inicio de una campaña para elegir autoridades locales. Corresponde al Consejo Electoral actuar con rigurosidad.
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